El fallo le dio la razón a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que obligó a la compañía del magnate mexicano Carlos Slim, a pagar la histórica suma por incurrir en una conducta anticompetitiva.

Bogotá. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó este miércoles la millonaria multa que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Comcel (Claro) en 2013 por infringir la libre competencia económica.

Pablo Felipe Robledo, quien en ese entonces ejercía como Superintendente, publicó vía Twitter la sentencia del 17 de octubre de 2019 en la que el alto tribunal ratifica la multa.

En 2013, la SIC ordenó a la compañía de Carlos Slim pagar $87.000 millones (US$26 millones) luego de determinar que la firma había abusado de su posición de dominio, incurriendo en una conducta anticompetitiva. 

En ese entonces, una investigación adelantada por un equipo de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, perteneciente a la SIC, permitió determinar que Claro dificultó la portabilidad numérica, es decir, la posibilidad de mantener el mismo número de celular en otro operador, y vendió más de 1.800.000 teléfonos con bandas bloqueadas. 

También abultó las cifras sobre los resultados de la Portabilidad Numérica Móvil (PNM), pues adquiría tarjetas sim de otros operadores y transfería esas líneas a su red. Estas portabilidades “fantasma” mostraban a Claro como el operador preferido por los usuarios en los procesos de PNM. 

Además, la SIC encontró que la compañía era consciente del comportamiento de uno de sus distribuidores desde donde se activaron migraciones fraudulentas y que, teniendo la posibilidad de tomar cartas en el asunto, no lo hizo, “y bien por el contrario, toleró dicha práctica, pues se evidenció que la misma fue la estrategia que la propia compañía llevó a cabo para abultar las cifras de Portabilidad Numérica Móvil”, indicaba el documento de 176 páginas conocido por El Espectador en 2013. 

A los dos días de ser sancionado, Claro pagó la multa correspondiente. Sin embargo, demandó la nulidad del acto administrativo ante el Alto Tribunal, que negó su petición y confirmó las conductas por las que fue sancionado, dándole la razón a la SIC. 

La de 2013 fue la primera sanción millonaria impuesta por la Superindustria por una violación a la libre competencia. En ese entonces el máximo de multa era de $1.600 millones (US$480.000).