De los 149 proyectos presentados al gobierno, que implican la inversión de US$500 millones para construir o reciclar viviendas fuera de la costa, casi la mitad se financian con dinero llegado de extranjeros, dijeron a El Observador operadores privados.
Montevideo empieza a cambiar. El ruido de las obras se extiende ya no solo en la franja costera, y a lo largo de la capital se nota el movimiento del ladrillo y el portland. Es que a casi un año de estar vigente la ley de promoción de “vivienda de interés social”, se cuentan de a miles las casas y apartamentos a construir. La herramienta que decidió poner en marcha el gobierno de José Mujica genera un boom en el mercado inmobiliario que, por sus dimensiones, se explica por el impulso de capitales extranjeros.
De los 149 proyectos presentados al gobierno, que implican la inversión de US$500 millones para construir o reciclar viviendas fuera de la costa, casi la mitad se financian con dinero llegado de extranjeros, dijeron a El Observador operadores privados.
Pueden presentarse para ser promovidas con los descuentos tributarios proyectos de empresas uruguayas. Se le exige únicamente que tengan un RUT para la construcción, pero no hay objeciones con la forma de financiación. El asesor del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Leonardo Falkin, informó a El Observador que no existe un registro del origen del dinero detrás de los proyectos. “Pueden presentarse con distintas formas jurídicas, como fideicomisos, además de sociedades anónimas, en los cuales es difícil lograr identificar el origen de los fondos. No es lo que nosotros podemos hacer”, dijo.
El consultor Julio Villamide, director de la revista Propiedades y redactor del proyecto que tuvo en cuenta el gobierno para legislar en la promoción de viviendas de interés social, contó a El Observador que dentro de los inversores extranjeros que llegaron a Uruguay para invertir en el rubro se destacan españoles, argentinos y otros europeos, como suizos. También hay estadounidenses entre los privados que presentaron proyectos para construir viviendas fuera de la costa. Villamide también estima que la mitad de los proyectos presentados en el marco de la ley tienen financiación extranjera.
“Ven muchas cosas positivas. Primero: la estabilidad política que tiene el país. Para un español o para un argentino eso es fantástico. Segundo: la libertad de contratación en el mercado de los alquileres. Ni en Argentina ni en España existe esa desregulación del mercado como existe en Uruguay. Tercero: el hecho que todos los partidos políticos y todos los legisladores votaron la ley”, comentó el experto.
Villamide entiende “imposible” que solo con inversiones locales se alcance el ritmo de inversión que se verifica en la actualidad, y la que se espera para los próximos meses.
Quienes inviertan bajo las condiciones de la ley de promoción, están exonerados del pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP) y del 2% del valor del catastro que es uno de los costos que siempre se paga cuando se compra un apartamento. También está exonerado el privado de pagar el IVA cuando compra los materiales para construir la vivienda. La nueva ley también prevé la exoneración por 10 años del Impuesto al Patrimonio y del impuesto a la renta. Se calcula que en total, los constructores reducen 17% el costo general por cada proyecto. El costo de construcción por metro cuadrado sin las exoneraciones de la ley se ubica en US$1.400, mientras que con los beneficios se reduce a US$1.200, aproximadamente.
Para el acceso de la clase media a las viviendas, el gobierno lanzará mañana un instrumento por el cual se otorgan préstamos hipotecarios con financiación de hasta 90% del precio del inmueble. Gestiona con los privados destinar un porcentaje de las viviendas a un plan oficial que subsidie, además, hasta 50% de las cuotas hipotecarias.
