Una empresa de telecomunicaciones con sede en Miami, Italba Corporation, reclama casi cinco veces más que la tabacalera Phillip Morris.

El Observador. Uruguay prepara su estrategia para enfrentar su segundo litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en un proceso iniciado por una empresa de telecomunicaciones con sede en Miami que operó a nivel local.

La firma Italba Corporation alega que a su subsidiaria uruguaya, Trigosul S.A, el Estado le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en el 2000 para brindar servicios de banda ancha, cosa que, según la empresa, implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos y por tal razón reclama una indemnización de US$100 millones.

La compañía ingresó su reclamo ante el Ciadi el pasado 24 de marzo, según publicó La Diaria una semana después en base a información que divulgó el portal especializado Global Arbitration Review. La empresa, en un comunicado que emitió ayer, sostuvo que fue víctima de una "expropiación".

El Ciadi es el organismo que tramita desde 2010 una demanda de Philip Morris contra Uruguay por las medidas antitabaco impulsadas por el gobierno alegando una violación al convenio de inversiones vigente con Suiza. Este caso, que fue el primero que el país tuvo que afrontar ante el órgano especializado del Banco Mundial, tendrá resolución en pocos meses.

El presidente Tabaré Vázquez encomendó al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, diseñar y realizar el seguimiento del reclamo iniciado por Italba Corporation ante el Ciadi. El funcionario viajará el lunes a Washington para reunirse con los abogados del estudio jurídico que representará a Uruguay en el marco de este litigio.

Fuentes del Poder. Ejecutivo dijeron a El Observador que la estrategia del gobierno ante el reclamo será que el planteo se realizó vencido el plazo máximo de tres años para llevar a cabo el arbitraje que prevé el Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos. El gobierno argumentará que las resoluciones que dieron lugar al reclamo de la empresa son de 2011, pero el planteo en el Ciadi se formuló en 2016.

Además, Uruguay alegará que Italba Corporation está impedida de llevar a cabo el arbitraje porque recurrió al ámbito judicial local ya que impugnó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) las resoluciones por las que el Poder Ejecutivo le retiró las autorizaciones para operar y también las frecuencias que utilizaba. El TCA falló a favor de la empresa en octubre de 2014.El canciller Rodolfo Nin Novoa declaró semanas atrás a La Diaria que Uruguay tiene "argumentos muy sólidos" para enfrentar el reclamo de Italba Corporation.

"Insubsanable nulidad". El 8 de julio de 2011, una resolución firmada por el entonces presidente José Mujica revocó la autorización que tenía Trigosul S.A para prestar servicios de transmisión de datos y líneas digitales inalámbricas que se le había otorgado en 2000,

El 20 de enero de 2011 la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) había detectado irregularidades en el funcionamiento de la empresa por atrasos en el pago del canon mensual a ese organismo, que la firma mudó su centro de operaciones de Montevideo a Punta del Este sin haber dado cuenta de ello y que utilizó bandas de frecuencia más allá de las que tenía autorizadas. Por esas razones, la Ursec liberó las ondas del espectro radioeléctrico que Trigosul S.A tenía asignadas cuyo uso concedió a otra empresa.

Trigosul S.A recurrió al TCA que terminó por anular las dos resoluciones oficiales al concluir que los motivos en los que se basó el Estado para tomar esas decisiones "resultan errados o no surgen de los antecedentes" del expediente administrativo y por tal motivo padecen una "insubsanable nulidad".

"En definitiva, siendo la resolución mediante la cual se resolvió revocar la autorización transferida a Trigosul S.A para la prestación de los servicios asignados adolece de una motivación inexacta e incongruente (...)", dice el fallo que el TCA dictó el 23 de octubre de 2014.

En función de esa sentencia, el pasado 5 de abril el presidente Vázquez firmó una resolución por la que revocó la decisión que había adoptado Mujica en 2011 que había retirado la autorización para operar a Trigosul S.A y dispuso que recobre "plena vigencia" el permiso concedido a la firma en 2000. Vázquez también encomendó a la Ursec la asignación de las "frecuencias correspondientes" a la empresa "para la prestación del servicio".

Sin embargo, en el comunicado que Italba Corporation emitió ayer desde el estudio jurídico estadounidense que patrocina su reclamo contra Uruguay en el Ciadi, aseguró que no aceptará las nuevas frecuencias que pretende asignarle el Estado, al que cuestionó por no haberle ofrecido una compensación por el perjuicio causado. Por esa razón, la firma sostuvo que seguirá adelante con el proceso iniciado ante el organismo del Banco Mundial.

El dueño de la firma vivió en Uruguay. La firma Italba Corporation, que controlaba la empresa local Trigosul S.A, es propiedad del ciudadano italiano Gustavo Alberelli, quien actualmente reside en Estados Unidos y que en su momento también vivió en Uruguay. Italba Corporation, que fue fundada en octubre de 1982 en Miami, Florida, no desarrolla otras inversiones a nivel local pero sí tiene presencia a nivel regional con otros proyectos vinculados a las telecomunicaciones tanto países de América del Sur como de América Central.