El gobierno de José Mujica enviará al Congreso un proyecto de ley que permite el levantamiento del secreto bancario por orden judicial si se sospecha evasión fiscal.

Montevideo. La industria financiera uruguaya teme efectos negativos por un plan del gobierno para flexibilizar el tradicional secreto bancario del país, que es la base sobre la que se desarrolló el sector, dijo un representante del sector.

El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que permite el levantamiento del secreto bancario por orden judicial si se sospecha evasión fiscal, en momentos en que también se busca gravar impositivamente los activos de uruguayos colocados en el exterior.

Actualmente, el secreto bancario puede ser levantado por la justicia ante una denuncia penal por fraude, en un país en el que un tercio de los depósitos en moneda extranjera pertenece a personas no residentes en Uruguay.

"Nos parecen cambios muy negativos (...) es un cambio importante sobre lo que tradicionalmente habían sido las reglas de juego en esta materia", dijo a Reuters en la noche del lunes el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay, Julio De Brun.

"Todas estas modificaciones no tienen otro efecto ni otra justificación que el avance sobre libertades individuales y derechos individuales a la privacidad", agregó.

De aprobarse el proyecto, el levantamiento del secreto bancario por razones tributarias no requiere de una hipótesis de fraude para presentarlo ante la justicia, comentó De Brun.

"Está todo sujeto ahora a la buena intención de las personas, uno ya no tiene la protección que ofrece la ley (...) Esto está poniendo a los ciudadanos uruguayos en la categoría de ciudadanos bajo vigilancia", comentó.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo al presentar el proyecto que las modificaciones reafirman la voluntad de transparencia de Uruguay, que el año pasado fue incluido en una lista de paraísos fiscales por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Desde entonces, el país se comprometió a colaborar con la aplicación de la normativa internacional y firmó acuerdos con otras naciones para intercambiar información tributaria y así salir de la denominada "lista gris" de la OCDE.

Cuentas de argentinos.  También preocupa al sector la posibilidad de que el gobierno firme un acuerdo con la vecina Argentina que permita que ese país exija información sobre las cuentas de sus ciudadanos en Uruguay.

Uruguay es una habitual receptora de depósitos de argentinos.

"Que empiece a compartirse información con Argentina es cuestión de tiempo, incluso ya lo han insinuado las autoridades", comentó De Brun.

Según datos del Banco Central, los depósitos en moneda extranjera del sector no financiero en el sistema bancario uruguayo alcanzaban en marzo unos US$12.631 millones, de los cuales 31,2% correspondían a no residentes.

La Asociación de Bancos teme que el plan del gobierno afecte los negocios de entidades que prestan servicios financieros a ciudadanos de la región, aunque no prevé una salida de bancos que funcionan en la plaza local.

"Uruguay está perdiendo la oportunidad de mantenerse como una isla de protección de derechos individuales en un mundo donde éstos comienzan a resentirse", dijo De Brun.

Para el analista Pablo Moya, de la consultora local Oikos, si bien la medida puede haber causado cierta incertidumbre en el sector, no provocaría una huida de capitales.

Pero comentó que Uruguay debe cumplir con requerimientos a nivel internacional de los que no se puede apartar.

"Las inversiones que rápidamente podrían irse o no materializarse serían las de capitales especulativos, y no es la inversión que Uruguay busque atraer", dijo Moya.

"Algunas voces dicen que con esto los argentinos se van a ir, y los argentinos en realidad buscan otro tipo de seguridad que es la institucional", agregó.