Entre las que figuran inmuebles en la zona de Pocitos y Carrasco. El Observador intentó comunicarse ayer con el presidente del BROU, Julio César Porteiro, y el vicepresidente, Jorge Polgar, para conocer más detalles sobre el tema pero no obtuvo respuesta.
Montevideo. El Banco Santander y el Banco República (BROU), iniciaron "un proceso de cobro" contra los directores de la sociedad anónima Fripur, Máximo y Alberto Fernández, con el objetivo de saldar las deudas que el grupo mantiene, producto de créditos millonarios otorgados por las instituciones financieras en varias oportunidades a esa industria pesquera. En ambos casos los empresarios son "fiadores solidarios" de los créditos concedidos a la empresa.
Esto le permite a los bancos ir contra el patrimonio de los responsables de la firma ante el impago de la deuda, según supo el El Observador en fase a fuentes al tanto del proceso.A modo de ejemplo, el BROU ya tienen identificados varios bienes que son propiedad de los hermanos Fernández y que podrían ser objeto de embargo. En esa lista aparecen parques eólicos, campos en la zona de Santa Lucía en Canelones y en el departamento de San José.
También hay propiedades en Punta del Este y Montevideo, entre las que figuran inmuebles en la zona de Pocitos y Carrasco. El Observador intentó comunicarse ayer con el presidente del BROU, Julio César Porteiro, y el vicepresidente, Jorge Polgar, para conocer más detalles sobre el tema pero no obtuvo respuesta.
En el caso del banco Santander, las deudas morosas de Fripur ascendían a US$ 4,7 millones en diciembre pasado, con un saldo aún en plazo de pago de US$ 14.629, de acuerdo a los datos de la Central de Riesgo del Banco Central (BCU). El banco de capitales españoles forma parte del grupo de acreedores que están a la espera de que culmine el proceso de concurso judicial en el que ingresó la pesquera. Como resultado, el síndico y la jueza a cargo del proceso elaborarán una lista de prioridad en el cobro.
En el caso del BROU, la deuda que mantiene Fripur alcanza a los US$ 38,3 millones, de los cuales US$ 28,5 millones están considerados en mora, US$ 9,7 millones son "castigados por atraso" y US$ 88.574 están aún en plazo de pago, de acuerdo a los últimos datos disponibles –de diciembre del año pasado– en la Central de Riesgos del BCU.
Pero esta no es la única vía que tienen las instituciones para hacer efectivo el cobro de las deudas. Por ejemplo, en el caso de Santander, según supo El Observador, el banco posee garantías hipotecarias que le dan categoría de "acreedor preferente" y que le permiten colocarse en los primeros lugares entre quienes cobrarán una vez que se liquiden los activos de la empresa.
Esa posición lo deja detrás de los créditos laborales que Fripur debe a los trabajadores, que son prioritarios de pago. Si un comprador termina haciéndose con la ex Fripur y, tras el pago a los trabajadores, el 70% del monto restante de esa venta se destinará a saldar deudas con los dos bancos. De acuerdo a lo que pudo saber El Observador, el 65% irá al BROU, mientras que el 5% restante llegará a manos de Santander.
El 30% que falta, en tanto, se utilizará para saldar deudas con los acreedores pos-concursales, es decir, aquellos que se generaron después de que la empresa solicitara concurso, en julio de 2014. En este grupo entra lo que se les adeuda a los trabajadores por concepto de salarios vacacionales y licencias no pagas, entre otros.
El Frigorífico Pesquero Uruguay (Fripur) fundado en 1976 bajó cortina en agosto del año pasado. En ese momento, la empresa empleaba en su planta procesadora a cerca de 1.000 personas, la mayoría, mujeres. Hoy existen dos propuestas en pie que se disputan el futuro de la empresa. Una la llevan adelante algunos de los extrabajadores de Fripur, un proyecto autogestionado. La otra es de la firma canadiense Cooke Aquaculture.
A fin de enero, El Observador informó que, de ser elegida, esa empresa no preveía incorporar a la gran mayoría de los exempleados, ni reabrir la planta industrial, ni utilizar los barcos. Todavía resta saber qué opción prevalecerá. La jueza sigue estudiando ambas propuestas, indicaron fuentes al tanto de la situación, pese a que se esperaba que para esta fecha ya se hubiera resuelto la adjudicación.
Cuando se produjo el cierre, el sindicato de la empresa argumentó que la clausura había sido producto de la mala situación que atraviesa el sector, pero también por problemas propios de la empresa. En ese sentido, los trabajadores denunciaron en el Parlamento que los responsables de Fripur habían solicitado préstamos pero que ese dinero no fue inyectado en la empresa sino que terminó en otros negocios particulares.
"En Fripur hubo siempre irregularidades de todo tipo. El Banco República les prestó no sé cómo cuánta plata para que pudieran mejorar las condiciones de la empresa y así poder llegar a más destinos europeos. Eso obviamente iba a traer más producción y por lo tanto más trabajo para todos. ¿Pero sabés qué pasó? Se llevaron todo para otros emprendimientos relacionados a la energía eólica", había dicho en otra oportunidad el integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), Wilson Márquez, según publicó El País.