La Asamblea Nacional de ese país aprobó este lunes una ley que responsabiliza a portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos sobre todo su contenido, incluso el colocado por sus usuarios, jugada que críticos ven como un avance a la censura en la red.

Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este lunes una ley que responsabiliza a portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos sobre todo su contenido, incluso el colocado por sus usuarios, jugada que críticos ven como un avance a la censura en la red.

El cuerpo, de mayoría oficialista, sancionó la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) para incluir a los medios electrónicos en prohibiciones consideradas amplias y poco claras, como ofender a funcionarios públicos o atentar contra dictámenes del Gobierno.

"Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas (en esta ley)", dice el artículo 28 de la norma.

Prohibiciones. La ley prohíbe la difusión de mensajes que inciten el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia, que hagan apología al delito, fomenten zozobra en la ciudadanía, alteren el orden público o induzcan al homicidio, entre otros.

Los administradores de sitios web que permitan la publicación de contenidos de esta naturaleza deberán pagar abultadas multas.

El Poder Legislativo, que aprobó la semana pasada una ley que habilita al presidente Hugo Chávez a emitir decretos durante un año y medio, trabaja en sesiones extraordinarias hasta el 4 de enero del 2011, justo antes de que lo sustituya un cuerpo con un 40% de opositores.

Mientras el Gobierno encabezado por el socialista Chávez niega que la asignación de deberes coarte la libre expresión, analistas y políticos de oposición afirman que se adelanta una censura similar a la existente en Cuba o China.

El texto de la Ley, que debe ser ratificado por el mandatario y publicado en Gaceta Oficial para que entre en vigencia, incluso prohíbe el anonimato en la red.

"El espíritu de esta ley no soluciona ninguno de los problemas de comunicación que tenemos. Al contrario, fomenta la censura, la autocensura", opinó la diputada opositora Pastora Medina.

Legisladores críticos a Chávez se preguntaron durante la sesión si la nueva ordenanza sería aplicada a los maratónicos y controversiales discursos del líder izquierdista, pues consideraron que tienen contenidos violentos.

"¿Tiene patente de corso el presidente?", se preguntó en la plenaria la diputada Medina.

Medios electrónicos y foros de debates publicaron en sus portales advertencias a los usuarios en las que destacaban que "no se permitirán mensajes ofensivos, ni violentos".

Medio bajo presión. Asimismo, el Parlamento aprobó este lunes la reforma de la Ley de Telecomunicaciones que opositores dicen, pone en jaque al pequeño canal opositor, Globovisión.

Chávez considera a Globovisión un medio desestabilizador por las frontales críticas que emite constantemente contra su gestión y el Gobierno le ha impuesto diversas multas.

La ley prevé que las concesiones son "personalísimas, en consecuencia, no podrán cederse o enajenarse, ni adquirir o transmitirse por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción", lo que implicaría que la petición de permisos deberá hacerse en persona por los interesados.

Pero, los dos principales accionistas del canal, los empresarios Nelson Mezerhane y Guillermo Zuloaga, se encuentran prófugos luego de que les fueran emitidos cargos por irregularidades financieras y especulación, respectivamente. Ambos alegan que los juicios en su contra son políticos.

Este mes el Estado venezolano se hizo con una quinta parte de las acciones de Globovisión, por estar contenidas en una empresa vinculada con el Banco Federal, entidad liquidada por las autoridades ante una presunta falta de liquidez y propiedad de Mezerhane.

Además, otra parte de las acciones del canal forman parte de una sucesión, prohibida en la nueva ley. Uno de los concesionarios originales falleció antes de que la habilitación se extinguiera y Chávez ha dicho que podría echar mano de esta participación.

El Legislativo aprobó este mes una norma que le da al presidente la autoridad para intervenir bancos y abre una vía expresa para su estatización; además de una iniciativa que crea un Estado Comunal orientado al fortalecimiento del socialismo.

Los diputados también discuten otra decena de leyes, que vetan el financiamiento extranjero a defensores de derechos humanos y la vinculación de las universidades al proyecto socialista del mandatario.