El culpable de la estafa es el gestor de capital de riesgo, Francisco Illarramendi, quien fungió como asesor de varios ministros de finanzas y de la propia Pdvsa, que le llegó a confiar a su firma Michael Kenwood Group (MK Group) unos US$500 millones de sus pensionados entre el 2009 y el 2010.

Caracas. El nombre de Francisco Illarramendi es bien conocido en los pasillos del poder económico en Venezuela: por años, como uno de los arquitectos financieros del gobierno de Hugo Chávez; y hoy, como el autor de un fraude que deja al desnudo los descalabros de Pdvsa.

El gestor de capital de riesgo de 42 años -con doble ciudadanía, venezolana y estadounidense- fungió como asesor de varios ministros de finanzas y de la propia Pdvsa, que le llegó a confiar a su firma Michael Kenwood Group (MK Group) unos US$500 millones de sus pensionados entre el 2009 y el 2010.

A los pocos meses, Illarramendi se declaró culpable de estafar a sus clientes por unos US$540 millones -la mayor parte de ellos del Fondo de Pensiones de Pdvsa- mediante un esquema piramidal al mejor estilo del famoso Bernard Madoff, lo que ahora lo enfrenta a pasar hasta 70 años en prisión por presunta malversación y conspiración para obstruir a la justicia.

Una gota más en un vaso desbordado. El desfalco supone una gota más en el desbordado vaso de entuertos financieros y operativos que atraviesa Pdvsa, que se está endeudando a un ritmo meteórico para encarar los faraónicos proyectos sociales que le encomienda Chávez en temas de alimentación, salud o vivienda, mientras intenta cumplir con las gigantescas inversiones necesarias para revertir el peligroso letargo en que se encuentra su producción de crudo desde hace varios años.

En las próximas semanas el caso -revelado por el regulador bursátil estadounidense-podría agitar nuevamente las aguas en que navega Pdvsa y poner en el candelero a los altos gerentes de la corporación, ya que todavía nadie asumió la responsabilidad por la contratación de Illarramendi.

Ejemplo de mala gerencia. La fiscalía estadounidense designada para seguir la pista al dinero presentará pronto su informe final sobre cómo se gestó el fraude, cómo Illarramendi captó el dinero, lo invirtió para su propio beneficio y trató de ocultar pruebas.

"Fue ejemplo de mala gerencia: escogieron a Illarramendi a dedo por su amistad con directivos de Pdvsa cuando sus empresas no estaban autorizadas para invertir en fondos de pensión y no invitaron a otras firmas a presentar sus propuestas sobre cómo invertirían los fondos", dijo a Reuters el ex coordinador de finanzas de la estatal Oliver Campbell.

"Además, no hubo una auditoría adecuada, pues se debió detectar el mal manejo mucho antes de que pasara a ser una estafa", agregó.

El gobierno reaccionó hace pocos meses con una amplia reestructuración de la junta directiva de Pdvsa, que pareció destinada a absorber el impacto político del fraude y asegurar una mayor vigilancia interna, con la entrada de pesos pesados del Ejecutivo de Chávez.

Entre los cinco directivos relevados de sus cargos estaba el veterano jefe de finanzas de la empresa, Eudomario Carruyo, quien era el encargado de administrar el cada vez más opaco fondo de los jubilados, que asciende a US$2.500 millones.

La enésima controversia protagonizada por la mayor compañía nacional le ha dado nuevas municiones a los críticos de Chávez, para quienes el caso confirma la creciente corrupción, la opacidad y la mala administración de la petrolera, justo cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo confirmó a Venezuela como la nación con las mayores reservas mundiales de crudo, por encima de Arabia Saudita.

Enfermo de cáncer y con los comicios presidenciales del 2012 a la vuelta de la esquina, Chávez ya comenzó a recurrir a la constreñida caja de la petrolera para inyectar fondos a la calle, para neutralizar los negativos efectos que tienen la inseguridad, la alta inflación y las constantes fallas de los servicios públicos sobre su popularidad, clave para buscar una tercera reelección.

Perfil. Illarramendi, el cerebro de la operación, es un economista graduado en Estados Unidos, ex trabajador del banco de inversión Credit Suisse y con estrechas conexiones en la administración Chávez desde su llegada al poder en 1999, cuando el mandatario todavía no glosaba las bondades del socialismo e incluso viajaba a Estados Unidos promocionando a su país ante inversores foráneos.

Quienes han visto su foto a la salida del juicio en Connecticut en marzo, con una carpeta en la mano izquierda y un maletín azul en la derecha, tal vez no imaginarían que este hombre prácticamente calvo y entrado en kilos diseñó las multimillonarias emisiones de bonos denominados en dólares y pagaderos en bolívares con que las autoridades económicas oxigenan periódicamente el férreo control de cambio que rige en el país desde 2003 y que han hecho florecer fortunas en el país caribeño.

Hijo de un antiguo ministro del gobierno anterior a Chávez y miembro de la organización católica Opus Dei, Illarramendi trabajó como asesor ejecutivo de PDVSA hasta el 2005, ayudando a la firma en la recompra de la deuda que tenía en circulación en Estados Unidos para poder formalizar su retiro de la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) y dejar de presentar puntualmente sus estados financieros al regulador.

Además, actuó como consejero del Ministerio de Finanzas en varias oportunidades -la última entre el 2007 y el 2008- y llegó a tener privilegios de ministro como el uso de una pista del aeropuerto internacional de Maiquetía reservada para el presidente y los más altos funcionarios del Estado.

El fraude financiero más grande en la historia de Pdvsa es, además, "el mayor juicio de cuello blanco" llevado a cabo por la oficina del fiscal federal de Connecticut, David Fein, que examinó 40 computadoras, ocho servidores, varios dispositivos móviles y casi un centenar de cajas de documentos para recopilar un expediente de más de 100.000 páginas.

Orígenes del escándalo. Una fuente vinculada a la directiva de Pdvsa dijo a Reuters en condición de anonimato que, tras un período de grandes pérdidas en los fondos de pensiones globalmente entre el 2007 y el 2008, la compañía estatal decidió reorientar parte de ese capital hacia otras inversiones.

Ahí, oportunamente, apareció "Pancho" Illarramendi, un hombre tranquilo y discreto, según quienes lo conocen.

"Desde el 2006, Illarramendi y Michael Kenwood Capital Management se han apropiado indebidamente de los activos de los inversionistas y han usado tanto fondos como vehículos para un esquema Ponzi, es decir, han usado el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los primeros", dijo la SEC en marzo, en una enmienda a la demanda que presentó en enero.

Según las autoridades estadounidenses, Illarramendi desvió parte del dinero del fondo de pensiones venezolano para comprar participaciones no autorizadas y en su propio nombre en NuScale Power, una incipiente compañía de energía nuclear en Oregón, y otras pequeñas firmas.

MK Group no respondió a las peticiones de información de Reuters, pero recientemente anunció públicamente que reduciría sus operaciones mientras busca una nueva fuente de ingresos para operar.

Antes de declararse culpable, el financista llegó a pagar US$3 millones para forjar certificaciones de activos falsos por más de US$270 millones y justificar los movimientos de capital del fondo ante la SEC, según dijo la comisión.

En junio, los reguladores anunciaron que encontraron casi US$230 millones en un fondo internacional conectado con Illarramendi, quien está en libertad bajo fianza, respaldado por cuatro propiedades en Estados Unidos.

Pero el dinero, proveniente de los ahorros de los trabajadores y del que depende el pago de las maltrechas pensiones de unos 24.000 jubilados de PDVSA, sigue sin llegar a Venezuela.

Yo no fui. Cuando la SEC acusó en enero a Illarramendi de defraudar a los jubilados y a otros inversores, el asunto pilló desprevenida a la directiva de Pdvsa, conformada por cercanos aliados del presidente venezolano y de su poderoso ministro de Energía y presidente de la estatal, Rafael Ramírez.

Eligiendo con cuidado cada una de sus palabras, la primera reacción de Ramírez fue desligarse del escándalo, recalcando que la compañía no tiene decisión sobre cómo se manejan y dónde se colocan los fondos de los jubilados.

"No podemos asumir responsabilidad por lo que haya hecho alguien que hubiese estado relacionado con nuestra industria petrolera", dijo a mediados de febrero el imperturbable funcionario durante una interpelación ante el Parlamento sobre la gestión 2010.

Al ver al ministro tratar de salvar la cara ante el fraude, la indignación de los pensionados no se hizo esperar e incluso varios cientos de ex trabajadores de la compañía salieron a las calles a protestar por el fraude.

El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Pdvsa (AJIP), César Delgado, aseguró a Reuters que desde 1993 no intervienen en la gestión de su propio dinero, a pesar de que un representante debería acudir a las reuniones del fondo en calidad de observador.

Desde el 2002, Pdvsa ni siquiera les envía los estados financieros del instrumento al que confiaron sus ahorros.

"No podemos creer que cuando se establecen los planes de inversión o se escogen los intermediarios financieros que los manejan, Pdvsa esté ajena a los mismos ", protestó enérgicamente AJIP en una misiva enviada al ministro Ramírez el 22 de febrero.

Presionado por los jubilados, el sindicato y los medios de comunicación, Ramírez se mostró después más involucrado con el caso.

En marzo dijo a Reuters que Pdvsa cubriría las eventuales pérdidas del fondo y que participaría legalmente en la demanda interpuesta por la SEC contra MK Group.

"Por supuesto que vamos a respaldar a los trabajadores. No vamos a permitir que por esta estafa los obreros sufran", dijo en esa oportunidad.

En julio, PDVSA incrementó el pago de las pensiones en 800 bolívares (unos US$188 al tipo de cambio oficial), o hasta en un tercio para los retirados que cobran el mínimo. Y el Gobierno adjudicó al fondo de pensiones casi la mitad de los US$4.200 millones de una reciente emisión de bonos al 2031, lo que habría ayudado a sanear sus cuentas.

Llueve sobre mojado. En Venezuela, muchos ven a Illarramendi como un exponente más de la llamada "boliburguesía", una nueva casta de empresarios que prosperó al calor de la bonanza petrolera de los últimos años causando no pocos escándalos de malversación en el país socio de la OPEP.

Desde que Chávez despidió a miles de trabajadores de Pdvsa por participar en un feroz paro organizado por la oposición entre finales del 2002 y principios del 2003 para forzar la renuncia del mandatario, la compañía nunca pudo recuperar totalmente sus estándares de calidad y, además, perdió un valiosísimo capital humano.

Las denuncias y controversias han sido permanentes desde entonces en Pdvsa, mayor y casi única fuente de divisas del país.

La adjudicación de opacos contratos de suministro, inyección de fondos a programas sociales gubernamentales con escaso o nulo control, cuestionadas cifras de producción y una seguidilla de incidentes operacionales -incluyendo constantes fallas en las refinerías, el hundimiento de una plataforma gasífera en el Mar Caribe e incendios en importantes terminales marítimos- han puesto en entredicho a la "nueva Pvsa".

El caso más sonado fue el mediático "maleta-Gate", protagonizado en 2007 por el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, quien fue detenido en un aeropuerto de Buenos Aires con un maletín con casi 800.000 dólares en efectivo, que fiscales estadounidenses afirman provenían de Pdvsa para financiar la campaña electoral de la presidenta Cristina Fernández, una cercana aliada de Chávez.

Tanto la mandataria argentina como su homólogo venezolano negaron los cargos.

Pero el escándalo más doloroso para la popularidad del gobernante fue sin duda el hallazgo en varios puertos del país de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos que habían sido importados para Pdval, filial de distribución de alimentos de la petrolera, mientras los venezolanos hacían largas colas para conseguir productos básicos y sufrían una de las inflaciones más altas del planeta.

El caso sigue dejando una estela de bochornosas acusaciones para la empresa, desde el pago de sobreprecios hasta irregularidades en el manejo y la calidad de cientos de miles de toneladas de alimentos.

Para la oposición, que desde entonces se mofa de la subsidiaria alimentaria de Pdvsa llamándola "Pudreval", este es un claro ejemplo de impericia y del despilfarro de miles de millones de dólares.

Los responsables de la unidad alimentaria están envueltos en un juicio por negligencia y peculado, mientras que Pdvsa recibió el escarnio público de tener que traspasar el control de una de sus joyas de la corona al Ministerio de Alimentación.

"El dinero danza como el diablo en Venezuela, sin control, sin contabilidad. Los que están bien conectados con el gobierno parecen haber apartado a un lado su brújula moral (...) y la justicia venezolana no va a mover un dedo al respecto", escribió en su blog Gustavo Coronel, ex director de Pdvsa en la década de 1970 y representante venezolano en la organización Transparencia Internacional.

Pero para los defensores del mandatario, estos casos son insignificantes o responden a intenciones hostiles de "gobiernos imperialistas", como su archienemigo Estados Unidos, que en los últimos años y con constantes diatribas políticas como telón de fondo han sacado a la luz escándalos de corrupción que involucran a venezolanos, desde funcionarios bancarios hasta empresarios que tienen negocios con el gobierno.