Incorporarse al comité de licitaciones evitaría la falta de control sobre obras, ausencia de calificación técnica y el otorgamiento a las “empresas de maletín”, señala el gremio.

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) insta al Ejecutivo a tomar en cuenta la propuesta del gremio para unificar los sectores públicos y privados que desarrollarán la inversión social en materia de infraestructura.

Jaime Gómez, presidente de la CVC, comentó en rueda de prensa, que la integración de las asociaciones públicas y privadas (APP), incrementarán el porcentaje de inversión del PIB anual a 7,6%, que cubrirá la demanda de obras que exige el país actualmente.

“Hace tres meses le entregamos al presidente del BCV, Nelson Merentes, el proyecto de infraestructura pública asociada a las asociaciones, para que lo estudie; ahora solo esperamos respuesta”, añadió Gómez.

El nuevo presidente de la cámara afirmó que en el sistema APP, el Estado no tiene que invertir en la totalidad de la obra, ya que los recursos se obtendrán de la banca de inversión o multilaterales que pondrán como garantía la deuda soberana en títulos que se emitirán para el financiamiento de esa obra.

“Esto impulsará la cartera de proyectos prioritarios y de gran competitividad que pueden ser financiados con este sistema”, añadió Jaime Gómez.

En la propuesta presentada por el organismo, incorporan el mantenimiento de la infraestructura como foco importante a desarrollar en las APP. “Se gestionará una alternativa de financiamiento mixto, que no recae directamente en el usuarios como lo harían los impuestos”.

Con respecto al PIB invertido por el sector público sin la incorporación de la empresa privada, se estimó una contracción de 2,3% por la falta de insumos en 2013, basados en el último cálculo del Banco Central de Venezuela en 2011.

“Estamos invirtiendo menos de la mitad de lo que se debe invertir en infraestructura”, añadió el vocero de la CVC.

Negociación para la licitación

Incorporar las licitaciones es la segunda propuesta del organismo, para tener un proceso transparente al momento de escoger la empresa que llevará a cabo un proyecto.

En las prácticas de contrataciones, la CVC denuncia que ha habido inapropiadas adjudicaciones de recursos, que han provocado la paralización de obras. Por eso exigen que se realice un estudio de capacidades técnicas y financieras de las empresas licitantes.

Jaime Gómez citó el caso del gobierno regional en el estado Zulia, donde se reactivó el comité de licitaciones y nombró a un miembro permanente de la CVC en esa comisión e instó al Ejecutivo nacional a adoptar esta instancia como ejemplo, para las próximas obras en todo el país.

La aceptación del peaje

La encuestadora Datanálisis en conjunto con la CVC, realizó un estudio con 1.300 personas en noviembre de 2013, donde 62,7% de los encuestados opinaron que aceptarían el retorno del peaje en las vías interurbanas, siempre que sea invertido para mejorar la seguridad y la vialidad del país.

Solo 17,8% de las personas consultadas afirman que no estarían de acuerdo con colocar los peajes; lo crea una brecha de 44, 9 puntos porcentuales entre las dos tendencias.

En las construcciones donde la APP podría funcionar de manera eficaz, según los encuestados, son las infraestructuras habitacionales con 58,7%, mientras que en los proyectos de hospitales y ambulatorios, 56% de los consultados opinan que sería favorable una integración.

Gómez Torres, añadió a la propuesta macro un impuesto a la gasolina, para que se incremente los recursos públicos destinados al mantenimiento de las infraestructura viales, que en su opinión, son la que más necesitan mantenimiento.

En la matriz de mensajes claves de la CVC hacia el Gobierno para 2014 piden crear presupuestos plurianuales que se establezcan en los años de ejecución de la obra, que debe estar previsto en un proyecto para licitar. “Para que las obras no se queden paralizadas y no sufran los efectos de la falta de material y el costo incrementados de los costos al reanudar la obra”, advirtió Gómez.

La CVC pide, además, la creación de fideicomisos para garantizar la culminación de las obras y evitar la paralización por concepto de falta de presupuesto, en el marco de la ley de contrataciones propuesta.