Hasta que no se conozcan los plazos, períodos de gracia, periodicidad de pagos y requisitos que deberán presentar los productores, estos no podrán acudir a las instituciones para solicitar el beneficio.

Caracas. Decretada la Ley de Atención al Sector Agrícola, que permitirá prestar apoyo a los afectados por las inundaciones de finales de 2010, representantes de los productores y analistas económicos coincidieron en avalar la medida, mas recordaron que la verdadera efectividad de esta deberá aguardar por la promulgación de las condiciones que exigirá la banca -pública y privada- para condonar o reestructurar las deudas.

"El decreto remite a una resolución que aún no existe, porque aún no podemos medir los efectos que tendrá", señaló Gustavo Moreno, director de la Asociación de Productores Rurales del estado Portuguesa (Asoportuguesa).

En efecto, el artículo 6 del decreto-ley señala que serán los ministerios de Planificación y Finanzas y de Agricultura y Tierra, los encargados de emitir una resolución conjunta que establecerá los términos y condiciones especiales que aplicará la banca para la condonación o reestructuración de las acreencias.

Esto significa que hasta que no se conozcan los plazos, períodos de gracia, periodicidad de pagos y requisitos que deberán presentar los productores, estos no podrán acudir a las instituciones para solicitar el beneficio.

Al respecto, el único dato concreto es que el plazo para pagar la deuda en caso de reprogramación, será de hasta 10 años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la ayuda.

"Toda iniciativa que conlleve el desarrollo de la producción agrícola será respaldada, pero el productor del campo, más que una condonación o reestructuración, necesita de condiciones positivas para crecer", afirmó el diputado por Aragua a la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria.

A su entender, la ley especial es a todas luces positiva en la medida en que no se desvirtúe, pues recuerda que existen riesgos de que personas inescrupulosas se aprovechen de esta gracia para su propio beneficio.

"En el pasado ocurrió y puede darse que aparezcan más de los 5.500 productores beneficiados de los que habla el presidente Hugo Chávez", dijo Gaviria, quien al igual que Moreno, afirma que se necesita la constitución de mecanismos que aseguren la atención a los verdaderos afectados.

El artículo 8 del decreto-ley señala, a su vez, que el Ejecutivo, conjuntamente con los ministerios del área, promulgará una segunda resolución para establecer el procedimiento y requisitos necesarios, a fin de solicitar el refinanciamiento o dispensar el pago de las acreencias, lo que se traduce en que aún no están dadas las condiciones para la presentación de solicitudes ante la banca o el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (Fondas).

"Partimos de la honestidad y la ética de los productores, así como de las evaluaciones que hagan los bancos para certificar las condiciones de la propiedad", señaló Gustavo Moreno.

Un punto desfavorable que tiene la Ley de Atención al Sector Agrícola, es el no contemplar ningún tipo de protección para el sistema bancario, que en el mejor de los casos, deberá refinanciar buena parte de la deuda agrícola.

"Debe velarse por la integridad del sistema financiero. Al condonar o reestructurar deudas debe garantizarse que existan los recursos frescos para inyectarlos a la agricultura", señaló Moreno.

"Uno de los efectos colaterales negativos es que la banca no disponga de los fondos suficientes para apalancar la producción por descapitalización", adujo Gaviria.

En efecto, el texto legal no establece ningún tipo de prerrogativas para los bancos que otorguen el beneficio.

Manuel Cipriano Heredia, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), refirió que la reducción del encaje legal exigido serviría para equilibrar las pérdidas que pudieran sufrir algunas instituciones, en especial las pequeñas.

Cabe recordar que, según el balance de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el año pasado el sistema financiero en su conjunto otorgó más de Bs.F$ 31.400 millones (US$7.300 millones) en créditos agrícolas, de los cuales poco más de Bs.F$7.781 (US$1.800 millones) fueron entregados por la banca del Estado.

A esto deben sumarse los Bs.F$ 2.572 millones (US$598 millones) que, de acuerdo con el Plan Integral de Desarrollo Agrícola, otorgaría el Fondas en financiamiento durante 2010.

"La condonación de la deuda a los afectados por la tragedia indiscutiblemente es bien recibida, pero en el caso del cacao creo que es más realista hablar de reestructuración, pues la afectación no fue irreversible", afirma Alejandro Prósperi, presidente de la Cámara Venezolana de Productores y Exportadores de Cacao (Capec).

En su opinión, el daño sufrido por las plantaciones de cacao, especialmente en el estado Miranda, no conllevó la destrucción de los cultivos, por lo que esperan una buena cosecha para la zafra de junio-julio, "como siempre ocurre cuando la cosecha de noviembre-diciembre enfrenta problemas", dijo.

Respecto a la creación de un fondo temporal destinado a la recuperación de este cultivo, Prósperi asegura que todo mecanismo que ayude a la producción agrícola es bien recibido, aun cuando a su juicio, debieron crearse fondos para otros sectores que fueron impactados de forma más severa.

Asimismo, pidió que los recursos sean utilizados eficientemente en el desarrollo de la infraestructura agrícola, en especial en la creación de sistemas de drenaje para evitar la acumulación de las aguas en zonas anegables.