El alto tribunal decretó medidas cautelares para impedir que se lleve a cabo la subasta que estaba programada para el 19 de mayo. La decisión se tomó con el fin de proteger el interés público.

Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a El Espectador que la venta de la participación del Gobierno en Isagen fue suspendida temporalmente por decisión del Consejo de Estado. La notificación de esta decisión se conocerá en las próximas horas al Gobierno, representado por el Ministerio de Hacienda y las partes interesadas.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado unificó el pasado 11 de mayo las tres demandas administrativas presentadas en contra de la decisión del Gobierno de vender el 57,6% de sus acciones de la empresa de energía. Ante esto se dictaron medidas cautelares dirigidas a las suspensión provisional de cualquier acción dirigida a la venta mientras se toma una decisión de fondo.

El Espectador conoció que el magistrado ponente, Hugo Bastidas decretó las medidas cautelares argumentando la protección del interés público. Hasta que no se tome una decisión de fondo estará frenada de manera provisionalemente el proceso de subasta que estaba programada para el próximo 19 de mayo.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por el vicepresidente de demanda fue presentada por el presidente de Sintaisagen, Helber Castaño, quien argumentó que el Estado no puede no vender las acciones, o que si se toma la decisíón de hcerlo estas deben ser a la comunidad en general.

Recientemente el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, aseguró que los tres inversionistas estratégicos GDF SUEZ (Francia), Colbún (Chile) y Brookfield (Canadá), habían presentado las garantías de seriedad para hacerse con el 57,61% de la electrificadora.

Este instrumento que ya había sido utilizado para evitar el proceso de enajenación de este activo – que según la Contraloría podría estar valorado entre $4,7 billones y $9,3 billones, recursos que serían destinados para la financiación de las vías de cuarta generación – había sido suspendido en marzo de 2014.

Diferentes sectores políticos se habían opuesto a que se vendiera la participación de la Nación argumentando que se trata de un bien estratégico para atender la demanda energética del país a largo plazo, además de que siendo la segunda generadora de energía ofrece ingresos por cerca de $424 mil millones anuales, dinero que, dice José Roberto Acosta, dejaría de hacer parte del presupuesto nacional.