Después de que el presidente nicaragüense Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales, la Asamblea Nacional aprueba una Ley que endurece aún más el control del gobierno sobre estas organizaciones.

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una nueva ley que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.

La Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos. La medida afecta también a las ONG internacionales, según la propia Asamblea.

El Parlamento nicaragüense también ha dado luz verde a una enmienda de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que regula el funcionamiento de las universidades. Los cambios llegan también en este caso después de que las autoridades hayan retirado los permisos a varios centros educativos en estos últimos meses.

El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del Gobierno. Tanto la oposición interna como organismos observadores internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó precisamente este jueves la creación de un grupo de expertos que, durante el próximo año, examinará los posibles abusos cometidos en Nicaragua, entre ellos también las detenciones de dirigentes opositores en el marco del proceso electoral de 2021.