La proliferación de drones policiales y militares se acelera cada vez más en la región. Sin ninguna legislación que los controle, el campo para la paranoia y el conflicto está sembrado.
Si de drones se trata, Latinoamérica hace honor a su larga historia respecto de innovaciones tecnológicas que afectan a la sociedad: es el Far West. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Este año, en cambio, al menos siete estados de EE.UU. ya crearon leyes que regulan el uso de estos aviones y mini helicópteros controlados a distancia (en tanto otros 36 poseen cuerpos legales similares en discusión). Y no es que en los cielos de nuestra región escaseen las naves no tripuladas.
En octubre pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), en México, comenzó a testear pequeños cuadricópteros en vistas a vigilar manifestaciones. En junio, el diario O’Globo de Brasil los usó para “reportear” desde el aire marchas y protestas en São Paulo. Antes, en febrero, el municipio argentino de Tigre (en las afueras de Buenos Aires) puso en funcionamiento un par de ellos para grabar acciones delictuales y desastres naturales. No está solo: la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la fabricación de uno propio: el metrocóptero.
Estos drones son pequeños. Pueden pesar de dos a cuatro kilos, elevarse hasta dos kilómetros de altura y disponen de una autonomía de vuelo de no más de media hora. Son los hermanos menores, los pulgarcitos, frente a los que usan las FF.AA. En enero, Brasil gastó cerca de US$19 millones en apenas dos drones israelíes VANTS capaces de fotografiar un rostro desde 9 kilómetros de altura. Ya poseía tres de la misma empresa, uno de los cuales fue denunciado en Paraguay por realizar presuntas actividades encubiertas sobre la represa de Itaipú. En noviembre, los 10 países de Unasur acordaron fabricar en conjunto un drone clase mundial, capaz de volar hasta 13 horas sin detenerse.
El mismo Brasil -junto con Chile, Colombia, Perú y Argentina- está construyendo más de una docena de drones propios diferentes. Uno en combinación con Argentina, nación, que -por su parte- asignó US$35 millones en su presupuesto 2014 sólo a un modelo: el Proyecto Nacional UAV-Proyecto SARA. Por lo menos hay otros siete más (uno de alta velocidad a ser usado para testear sistemas de defensa antiaérea).
En el escenario descrito es evidente que muy pronto habrá congestión en el cielo. En especial en las zonas fronterizas. Si bien la Organización Internacional de Aviación Civil de las Naciones Unidas (ICAO) indicó que trabaja en la creación de un marco de gobernabilidad para la aviación de drones entre los países, existe un problema mayor. La alarma la lanzó en Washington Santiago Cantón, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La proliferación, dijo, “está empoderando en cierta manera algunos sectores militares y, con la historia que tiene América Latina, es necesario que haya un absoluto control civil sobre esto”. Además, la ausencia de legislación reguladora hace crecer el “efecto amedrentador que puede tener sobre la sociedad, dado su uso en circunstancias de todo tipo, como manifestaciones públicas”.
El vacío legal supone igualmente la posibilidad de una escalada policial-militar: ¿debe Latinoamérica dejar al libre arbitrio nacional la creación de drones portadores de sistemas de misiles? ¿Quién se responsabilizará por los efectos de los disparos accidentales de tales armas en áreas urbanas o conflictos sociales? En Texas, la ley estableció 19 usos legítimos de drones, pero declaró punible tomar y dar a conocer fotos de personas y propiedades no involucradas en delitos. Una cosa es capturar un gol de Neymar en la Copa Confederaciones, y otra espiar ciudadanos, propiedades y empresas.
