El ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, propone un impuesto a las bebidas azucaradas (gaseosas principalmente) para combatir la creciente y preocupante tendencia al alza de la obesidad en el país. Estamos ciertamente lejos de países campeones en obesidad como Estados Unidos y México. Pero también es cierto que estilos de vida poco saludables, asociados a un mayor ingreso per cápita y al crecimiento de la clase media, aunados a la dieta rica en harinas y fritos de Colombia, nos pueden llevar a “engordarnos” rápidamente. Por eso, esta propuesta de política es un acierto.

Este debate ya se ha dado en otros países, especialmente en Estados Unidos. Los que se oponen a la medida argumentan tres razones principales. La primera es de tipo comercial, es decir, la caída en las ventas por cuenta del incremento en el precio y su efecto en empleo. La segunda es de tipo moral: el gobierno no debe meterse a regular los gustos de las personas. La tercera es de tipo nutricional y de equidad comercial: el problema no sólo son bebidas azucaradas, sino todos los demás hábitos alimenticios. En otras palabras, deberían ponerle un impuesto a la fritanga también.

A favor existen argumentos económicos, de salud pública y de comportamiento. Los beneficios económicos son de corto y de largo plazo. En el corto plazo el dinero recaudado puede servir para cubrir, en algo, el gigantesco hueco financiero del sistema, asumiendo que la caída en ventas no será lo suficientemente grande como para que anule el efecto fiscal. En el largo plazo se funden razones económicas y de salud pública. Si la medida es exitosa en reducir obesidad, los ahorros económicos del sistema y las ganancias en calidad de vida dados por un número menor de diabéticos y demás enfermedades asociadas a la obesidad pueden ser muy importantes.

El tercer argumento, el de comportamiento, sostiene que sí es deber del gobierno ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones. El mundo actual es difícil, complejo y demanda a diario muchas neuronas de nuestro cerebro. Tiene sentido entonces hacer más fáciles algunas decisiones a través del sistema de precios. Este argumento es una de las últimas revoluciones en diseño de política publica, conocida como economía del comportamiento (behavioral economics en inglés) por unos y sicología aplicada por otros. Lo novedoso es que no se basa en prohibiciones, sino en utilizar mecanismos que motiven a las personas a tomar un camino u otro, haciendo mas fácil el camino que tiene mayores beneficios sociales.

La escuela de salud pública de la Universidad de Harvard ofrece un buen compendio de la evidencia científica que relaciona las bebidas azucaradas con la obesidad.

En definitiva, la propuesta del ministro es buena, soportada en evidencia y aumentará el bienestar.