Por Raymundo Canales de la Fuente, para Excélsior.

La salud de las poblaciones se enmarca en el cúmulo de los llamados derechos sociales, en vista de que representa un satisfactor primario, que absolutamente toda la población necesita en algún momento de la vida o en el transcurso del tránsito hacia la muerte.

Hablar de esos derechos es a contrapelo de la tendencia natural impuesta por una visión, transversalmente matizada por la sostenibilidad financiera.

La hipótesis central gira en torno a que la concreción de esos derechos se dará en la medida en la que existan mecanismos que los hagan sostenibles (financieramente) por sí mismos.

Hay, por supuesto, ejemplos que al momento presentan diversos grados de éxito en el México de hoy; para nadie es un secreto que varias de las unidades hospitalarias llamadas de “alta especialidad” son asociaciones público-privadas, en las que diversos actores de la IP han financiado parcialmente la construcción o la puesta en marcha.

El concepto no es malo por sí mismo, pero contiene la enorme falacia de considerar a todos los usuarios del sistema sanitario como “clientes” que podrán liquidar la cuenta mediante diversos esquemas de aseguramiento, pero deja de lado el hecho central de la existencia de por lo menos 50 millones de personas en estado de pobreza que no tendrán acceso a todos los derechos que otorgan los diferentes esquemas de aseguramiento en salud.

La más reciente institución es la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (el llamado Seguro Popular), cuyo desarrollo ha sido meteórico si nos atenemos a los presupuestos asignados y ejercidos en ese rubro, pero se encuentra todavía muy lejos de una cobertura universal, tanto en términos poblacionales como en lo que respecta a los padecimientos. En su inicio ofrecía —como resulta lógico— una cobertura muy limitada, de forma que se hicieron listas de padecimientos cubiertos por el sistema, que a lo largo de los años se han ampliado paulatinamente, pero de ninguna manera es total, y al paso que vamos, con los eventos económico adversos y las restricciones presupuestarias no se ve para cuándo.

El único progreso notable hoy es el seguro para una nueva generación que inauguró el expresidente Calderón, de tal forma que por ley, todos los recién nacidos a partir de esa fecha, están universalmente cubiertos.

El tema central, otra vez, es la sostenibilidad financiera; y con un Estado paulatinamente más pequeño, con una capacidad de maniobra cada día más limitada, pero que nos sigue costando muy caro, no parece vislumbrarse una solución razonable ni razonada.

Además, en los tiempos electorales que corren, y en el que solamente les interesa a los políticos el “relumbrón” de afirmar que el IMSS tiene superávit (pero, por cierto, no nos aclara Mikel Arriola el mecanismo), tampoco se nos están presentando propuestas, ni siquiera programáticas, por los precandidatos. El tema simplemente no les resulta importante ni productivo en términos de votos; además de contener asuntos de los que no les gusta hablar ni opinar, como la mortalidad materna, que no ha alcanzado las cifras comprometidas ni siquiera en los objetivos del milenio. Nos urgen propuestas razonadas, señores y señoras precandidatos.