Por Raymundo Canales de la Fuente, para Excélsior.

Aparece de nuevo en los medios de comunicación el triste asunto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protegiendo a la industria alimentaria para continuar con el engañoso etiquetado de alimentos procesados en nuestro país.

Ahora existe la oportunidad de que el Congreso modifique la ley para incluir la obligación de los fabricantes de alimentos procesados, en el sentido de expresar claramente los contenidos dañinos a la salud en cada etiqueta.

Confieso que me sorprende que exista discusión al respecto; los profesionales de la salud estamos muy conscientes acerca de la necesidad urgente de dichas advertencias, por los incalculables daños a la salud de los que estamos siendo testigos con consecuencias sanitarias gravísimas.

La incontenible epidemia de obesidad, diabetes, sobrepeso, enfermedades cardiacas, e insuficiencia renal dan cuenta clara de los nocivos efectos de todos esos alimentos que se expenden libremente.

Me parece poco el asunto de las etiquetas; es decir, al mismo tiempo el Estado tiene la obligación de articular una campaña muy amplia para generar conciencia en la población acerca de los riesgos que entrañan el consumo sistemático de dichos alimentos y bebidas envasadas.

También he señalado en este espacio la urgencia de regular la calidad de los endulzantes empleados por la industria alimentaria.

Está demostrada científicamente la capacidad adictiva de los azúcares, especialmente los derivados sintéticos del maíz, que por cierto son los más utilizados por la industria en virtud de sus menores precios.

Existen algunos estados de la Unión Americana que prohibieron ya el uso de alta fructuosa en alimentos y bebidas.

Seguimos ostentando el lamentable primer lugar en consumo de refrescos per cápita en el orbe, por lo que no sorprenden las consecuencias sanitarias.

Como ya lo señalé en otros textos, actuar con tibieza en este tema significa atentar directamente contra la salud del pueblo de México; espero que los nuevos legisladores se comporten con honestidad, y no cedan a las presiones de la industria, que se está llenando los bolsillos con esas ilegítimas utilidades.

No pretendo que dejen de hacer negocios, sólo sugiero que inventen nuevas formas de generar dividendos sin atentar contra los mexicanos.

Prueba de fuego a un gobierno y un cuerpo legislativo nuevo por el que votó el pueblo.

Vamos a ver si tienen la decisión e integridad necesarias para hacernos caso a los médicos.

Espero que el presidente Andrés Manuel López Obrador se interese en el tema, tome las decisiones pertinentes y articule las estrategias que aquí sugiero.

Por lo pronto parece haber sensibilidad al tema por parte de la Secretaría de Salud.