Los opositores sostienen que el Gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto minero Dominga, lo que tendría clara vinculación al caso e interés de Piñera.

Legisladores chilenos de oposición iniciaron este miércoles un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera ante las eventuales irregularidades en la compraventa de una minera, reveladas por los denominados Pandora Papers.

Pese a que la venta en 2010 de Minera Dominga fue estudiada y sobreseída por tribunales en 2017, una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios reavivó la controversia en torno al mandatario, que estaba en su primer período de gobierno.

"Las causales de esta Acusación Constitucional son dos: una porque el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio a la probidad y en segundo lugar por comprometer gravemente el honor de la nación", dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, uno de los impulsores de la acción.

Entre los argumentos, los opositores sostienen que el gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso.

La medida aparece luego de que la Fiscalía decidiera abrir una nueva investigación sobre el caso tras determinar que los detalles de la operación no eran el motivo principal de la investigación anterior.

El multimillonario empresario ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.

La controversia ha tomado relevancia en medio de la campaña presidencial y legislativa para los comicios de noviembre, donde luce como favorito el exlíder estudiantil y diputado Gabriel Boric, apoyado por una coalición del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista.

La Acusación Constitucional contaría con los 78 votos necesarios para ser aprobada en diputados, pero aún no se desconoce si lograría avanzar en el Senado.

Los impulsores de la propuesta quieren que el proceso sea resuelto antes de las elecciones del 21 de noviembre.