Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

Para tener en la mira la cobertura universal en salud, donde todos tengan acceso a todos los tratamientos y servicios, y aspirar a alcanzar los niveles logrados por países nórdicos, según lo ha mencionado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, primero debemos tener claro un paso previo: ¿De dónde provendrán los recursos?

La cobertura universal es una aspiración válida y deseable para México como en su momento lo fue para naciones más adelantadas.

Hoy para nosotros suena demasiado lejano porque antes debemos subir otros escalones, y uno básico es hacer espacios presupuestales para ello.

Tenemos que destinar mayor proporción del presupuesto público a la atención de la salud. Frente a 15.4% que destinan en promedio los gobiernos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México destina 13 por ciento. Sería la primera brecha que tendríamos que saldar.

Pero, adicionalmente, el gobierno mexicano tiene que aumentar sus ingresos. El ingreso general del gobierno de México como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es de 22.9%, un nivel bastante abajo respecto de 43.4% promedio de los países de la OCDE.

Si vemos sólo la parte impositiva, México recauda 17.4% del PIB vía impuestos. Esa proporción en países de la OCDE, que son con los que queremos compararnos, es de 35%, es decir casi el doble. Para mirar hacia las coberturas en salud logradas por países nórdicos tendríamos que avanzar en los niveles de recaudación que tienen los países nórdicos.

El punto donde nos atoramos es que México tiene poco o nulo espacio fiscal para dedicar mayor dinero a atender la salud de su población. Sencillamente no será posible aumentar la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud si no se abre ese espacio fiscal, si no se buscan o generan más ingresos presupuestales para poder destinar más presupuesto a la salud de los mexicanos.

Son algunos de los puntos en el Foro sobre Financiamiento al Sistema Único de Salud que organizó El Economista conjuntamente con Wilson Center Instituto México, donde participaron tomadores de decisiones de los ámbitos público y privado.

Se habló de que la falta de espacio fiscal es la restricción más importante para poder aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Esa es nuestra realidad: el gobierno mexicano está limitado en sus capacidades para dedicar más dinero a la salud.

El camino para ampliarlas implica transitar obligadamente por una reforma fiscal que amplíe precisamente ese espacio fiscal. Hubo propuestas interesantes en dicho foro, como que se etiqueten impuestos específicos para destinar los recursos recaudados a objetivos dirigidos para la salud o que los impuestos cobrados a productos dañinos para la salud se destinen a financiar las enfermedades que generan.

Lo que se reveló también es que los países de la OCDE con los niveles más elevados de aseguramiento (seguridad social) de su población son también los que más destinan a salud: Noruega (10,4%), Dinamarca (10,2%), Suecia (10,9%), Islandia (8,5%), Reino Unido (9,7%), Finlandia (9,2%) y Canadá (10,4 por ciento). México es el que menor nivel de aseguramiento social tiene en la OCDE y ello se explica porque apenas destina 5.4% del PIB a salud —la mitad de los nórdicos, con los que nos queremos comparar—. Lo triste es que en los últimos años se redujo esa proporción de por sí baja, derivado de los recortes presupuestales.

Es algo muy bueno que el actual gobierno tenga en la mira mejorar ese escenario, pero si de verdad quiere lograrlo deberá ir viendo cómo elevar los recursos públicos destinados a salud, y asegurarse de que provengan de fuentes confiables, y sobre todo obligatorias, como impuestos generales o a la nómina.