La Ley de Simplicidad Tributaria, sustituta de la fallida Ley de Crecimiento Económico, ha salido adelante el lunes por la noche -tras cinco horas de debates- con 83 votos a favor, ocho en contra y 37 abstenciones.

La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno, que se vio obligado a modificar su propuesta tras un primer rechazo parlamentario, en plena crisis política por las tensiones derivadas de la ola de protestas de octubre.

La Ley de Simplicidad Tributaria, sustituta de la fallida Ley de Crecimiento Económico, ha salido adelante el lunes por la noche -tras cinco horas de debates- con 83 votos a favor, ocho en contra y 37 abstenciones. El texto pasa ahora a manos del Gobierno, que debe decidir si lo avala o propone nuevos cambios.

"El proyecto vuelve al Ejecutivo y, con diálogo y consensos, seguiremos tomando decisiones para un país mejor", ha destacado Moreno en Twitter, donde ha agradecido a los legisladores que, "sin mirar banderas políticas", han votado a favor de la propuesta.

El mandatario ha enfatizado que la reforma contempla "facilidades para emprendedores, para pacientes diabéticos y para estudiantes con créditos educativos". "La eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta y más beneficios serán realidad", ha añadido.

Entre los cambios introducidos por los diputados figura la eliminación de los límites para el envío de remesas, así como que las empresas de telefonía móvil puedan cambiar el pago anual por el uso del espectro radioeléctrico por proyectos de infraestructura, según el diario ecuatoriano 'El Comercio'.

El Gobierno estimaba en US$620 millones la recaudación de las nuevas medidas, si bien la cifra quedaría modificada por los cambios introducidos en la tramitación. Moreno busca fondos para reducir un déficit estimado en US$3.600 millones para este año, pero ha tenido problemas para aplicar las medidas que forman parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la oposición de sectores sociales, empresarios y partidos políticos.

El momento de mayor tensión se vivió en octubre, cuando un decreto que planteaba la derogación del subsidio al combustible derivó en más de una semana de protestas contra el Ejecutivo, que se vio forzado a dar marcha atrás a la iniciativa.