Los casos Barrios Altos y Cantuta, en los que fueron asesinadas 25 personas en 1991 y 1992, fueron conocidos por la CIDH, antes de que la justicia peruana procesara y sentenciara a Fujimori a 25 años de cárcel en 2009.

Los abogados que defendieron a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por las que fue condenado Alberto Fujimori confiaron este miércoles (10.01.2018) en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anule el indulto que se otorgó al expresidente y ordene su retorno a prisión.

Los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los que fueron asesinadas 25 personas en 1991 y 1992, fueron conocidos por la CIDH, antes de que la justicia peruana procesara y sentenciara a Fujimori a 25 años de cárcel en el 2009.

Carlos Rivera y Gloria Cano explicaron en rueda de prensa con corresponsales extranjeros acreditados en Perú que solicitarán a la Corte, en la audiencia programada para el 2 de febrero, que revise la legalidad de la resolución de indulto otorgada por el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

Indulto "político".- "Consideramos que el indulto calificado de humanitario, es una medida de carácter político que afecta seriamente las disposiciones contenidas en las resoluciones (de la Corte), en el sentido de las obligaciones internacionales del Estado", afirmó Rivera, director del Instituto de Defensa Legal.

Kuczynski otorgó el indulto al exmandatario después de que una facción del fujimorismo en el Congreso, liderada por su hijo Kenji Fujimori, lo salvara de un proceso de destitución en diciembre pasado. Rivera agregó que el indulto a Fujimori "contraviene de manera abierta y descarada las disposiciones de la Corte".

En ese sentido dijo esperar "que se anule el indulto y que Fujimori regrese a prisión, que es la consecuencia automática de la anulación de la gracia otorgada".