El ex presidente peruano es acusado por una serie de irregularidades que se habrían cometido durante su segundo mandato (2006-2011).

Lima. El ex presidente peruano Alan García afirmó que el informe parlamentario que lo acusa de presuntas irregularidades en su segundo Gobierno (2006-2011) es "solo un pretexto para eliminar a un posible adversario electoral", en una columna de opinión publicada hoy en Lima.

La megacomisión del Congreso que investigó el segundo gobierno de García acordó, en diciembre pasado, acusarlo por una presunta infracción constitucional por los indultos otorgados a cientos de presos, decenas de ellos por narcotráfico, entre otros casos.

El informe final de la megacomisión, que incluye investigaciones sobre presunto espionaje telefónico, la construcción de colegios y un programa de saneamiento, será expuesto ante el pleno del Congreso en las próximas semanas para decidir si se deriva a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales o a la Fiscalía de la Nación.

García afirmó en una columna, publicada en el diario El Comercio, que el único propósito de la mayoría oficialista en la comisión es el de "dañar mi imagen para impedir una posible candidatura" en 2016, cuando concluye la gestión del presidente Ollanta Humala.

En el caso del espionaje telefónico a políticos y empresarios atribuido a la empresa BTR, en el que se le acusa de presunta injerencia política, García dijo que su Gobierno autorizó el ingreso de los fiscales a una oficina de la Marina de Guerra para que se pudiera descubrir y sancionar judicialmente a una red de interceptación telefónica.

El ex mandatario recordó que una sala judicial resolvió en 2012 que no existían indicadores objetivos y acreditados sobre una manipulación política del caso.

Respecto al programa Agua para Todos, en el que se le acusa de asociación ilícita para delinquir por promulgar una ley que aceleraba los trámites para el desarrollo de las obras de saneamiento, García afirmó que su despacho "nunca manejó recursos ni participó en los procesos de contratación".

Sobre la construcción de colegios públicos, el líder del Partido Aprista Peruano, dijo que el decreto que creó ese programa es tan útil y legal que es también utilizado por el actual gobierno de Humala.

El Ministerio Público ha declarado que no existe irregularidad o sobreprecio en las construcciones, recordó el ex mandatario.

En el tema de los indultos y conmutaciones de pena, por el que la comisión parlamentaria pide acusarlo por encubrimiento personal, García afirmó que en ninguno de los casos se han transgredido las leyes que prohíben beneficios a terroristas, violadores o secuestradores.

"De 30.000 solicitudes de indultos y reducción de pena solo se atendieron 5.000", afirmó García.

Según el ex mandatario, sus apuntes de puño y letra en los expedientes demuestran "transparencia" y "no son elemento alguno de comisión de delito".

No obstante, de acuerdo al informe de la comisión, la firma y anotaciones de García en los documentos confirman que se redujo la pena a más presos de los que había recomendado una comisión especial formada durante su gobierno.

García concluyó, en su columna, que "no hay ningún argumento válido que sustente la acusación de delito ni la de infracción constitucional contra mí".

El ex presidente recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que la inhabilitación política solo procede después de una sentencia definitiva del Poder Judicial.

En caso contrario, agregó García, la mayoría política parlamentaria podría decidir "de manera abusiva y antidemocrática la liquidación electoral de sus rivales, como pretende el humalismo".