El oficialismo asegura que la renovación del TSJ sólo busca resolver nombramientos que estaban demorados, mientras sus críticos lo acusan de adelantarlo para evitar resoluciones e interpretaciones de leyes que pudieran perjudicarlo.
Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela, en la que el presidente Hugo Chávez tiene la mayoría, aprobó el martes una renovación parcial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), jugada vista por analistas como un intento por mantener el control de la máxima corte del país.
Los nuevos magistrados, nueve titulares y 32 suplentes, fueron escogidos de más de 300 postulantes. La votación se dio en medio de la protesta de la oposición que acusó al oficialismo de adelantar las designaciones para aprovechar la mayoría que poseen en la Asamblea.
En los próximos días, cuando asuma la Asamblea elegida en septiembre, el gobierno perderá la mayoría de dos tercios que le permitía apurar la aprobación de leyes.
Esta es la tercera renovación del TSJ en el mandato de Chávez.
Con la primera gran renovación de la corte tras la aprobación de una nueva Constitución en 1999, Chávez logró diluir la influencia de gobiernos anteriores y con la segunda amplió el número de magistrados para asegurarse el control.
El oficialismo asegura que la renovación del TSJ sólo busca resolver nombramientos que estaban demorados, mientras sus críticos lo acusan de adelantarlo para evitar resoluciones e interpretaciones de leyes que pudieran perjudicarlo.
El próximo relevo en el TSJ será en el 2012 cuando finalice el período de varios magistrados, al mismo tiempo que Chávez buscará una nueva reelección para un mandato fresco de seis años.
El acelerado avance del país hacia el ecléctico "socialismo del siglo XXI" con masivas expropiaciones y profundos cambios en la estructura del Estado llena de esperanzas a millones de venezolanos que se sienten reivindicados tras décadas de exclusión política y social.
Sin embargo, otros alertan que Chávez se encamina hacia una autocracia con restricciones a las libertades civiles, sociales y económicas que una justicia parcializada no podría contener.
