Para conseguirlo, y según distintos expertos, las regiones de Bolivia deben dejar de ser "rentistas" y generar sus propios recursos, para superar así su excesiva dependencia del gobierno central.
La Paz. El principal eje del llamado "gran pacto nacional" lanzado por el gobierno de Bolivia, debe buscar que los gobiernos departamentales y municipales transiten hacia una verdadera autonomía mediante un modelo autosustentable.
Para distintos expertos y funcionarios consultados por Xinhua, las regiones de Bolivia deben dejar de ser "rentistas" y generar sus propios recursos, para superar así su excesiva dependencia del gobierno central.
Consideraron que el eje del diálogo nacional no debe ser la simple distribución de recursos, sino la manera de mantener la autonomía con una descentralización de la recaudación fiscal y la elevación de la productividad.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó la víspera la primera cita para iniciar este "gran pacto nacional", al convocar al Consejo Nacional de Autonomías a reunirse el próximo 11 de febrero en Palacio Quemado (sede presidencial) en la ciudad de La Paz.
De acuerdo con el gobierno, en dicho encuentro se presentará la propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal.
Analistas y gobierno proponen que este pacto no se vea con la característica exclusiva de la redistribución de recursos, sino como la oportunidad para mejorar la administración de los recursos desde los niveles y entidades territoriales autónomas.
El Consejo Nacional de Autonomías estará integrado por el poder Ejecutivo, los nueve gobernadores y representantes de los municipios, autonomías indígenas y regionales del país sudamericano.
Dicho órgano tendrá como prioridad trabajar en la redistribución de recursos para las regiones, a partir del último Censo de Población de 2012, además de otras acciones de corto, mediano y largo plazo.
El analista económico, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de la ciudad de La Paz, Oscar Heredia, consideró que dentro de este diálogo se debe buscar que los gobiernos municipales y departamentales comiencen a ser productivos.
Afirmó que las administraciones locales tienen que generar sus propios recursos y dejar de depender tanto del gobierno central.
Por su parte, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez Vidaurre, precisó que no se puede mantener el principio de autonomía de regiones, cuando apenas 12 por ciento de los recursos municipales corresponde a ingresos propios.
A su vez, la gobernadora del departamento oriental de Santa Cruz, Ruth Lozada, propuso que el 50 por ciento de los recursos generados en el país sea administrado por gobernaciones, municipios y universidades, mientras que la otra mitad se gestione a nivel central.
"Tenemos que empezar a ser actores reales de la autonomía y las regiones deben ser autosostenibles", dijo la funcionaria opositora del Partido Verde (PV).
En tanto, el ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, admitió que uno de los temas a debatir este año en la agenda autonómica será sin duda el pacto fiscal.
Expresó que el tema de la descentralización en Bolivia, tanto política como administrativa, se ha postergado desde hace años.
"Nosotros asumimos que el proceso autonómico debe dejar el rentismo, que hoy es la regla, tendrá que ser la excepción. Pero el rentismo de la actualidad implica ineficiencia y estancamiento", aseveró.
Puso como ejemplo el caso de la alcaldía de Santa Cruz en uno de los estados más grandes del país, cuyo presupuesto por parte del Tesoro General del Estado fue de 1.512 millones de bolivianos (unos 217,2 millones de dólares) en 2014.
Por concepto de ingresos propios, sólo obtuvo 900 millones de bolivianos (unos 129,8 millones de dólares), es decir, no superó la renta que recibe del Estado central.
Siles comentó que la situación es aún más compleja a nivel de la gobernación de Santa Cruz, pues del total de recursos 85 por ciento corresponde a presupuesto del TGE y 15 por ciento a ingresos propios.
Gobiernos municipales y departamentales dejan de ejercer recursos de entre 30 y 100 millones de dólares anuales, según datos oficiales.
Según expertos y funcionarios, el pacto fiscal debe en consecuencia contener elementos como mejor administración y manejo de los recursos, y no solamente basarse en la distribución de los mismos.
Coincidieron en que, por tanto, se debe trabajar en proyectos regionales que generen empleos y recursos.