La Agencia Nacional de Minería colombiana dijo que desde hace más de un año “viene haciendo advertencias sobre los altos riesgos para la vida humana de la explotación ilegal de los recursos en esta zona”.

La tragedia estaba anunciada. La mina que está a diez minutos del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), y a dos horas de Cali, se derrumbó a las 11 de la noche del miércoles, mientras cientos de afrodescendientes, en su mayoría de la zona, buscaban con sus bateas un gramo de oro.

La Agencia Nacional de Minería dijo que desde hace más de un año “viene haciendo advertencias sobre los altos riesgos para la vida humana de la explotación ilegal de los recursos en esta zona del departamento del Cauca”. La Defensoría del Pueblo, en consejos de seguridad departamentales y municipales, había insistido “sobre la necesidad de contener el fenómeno de la minería ilegal en ese sector”.

Ahora, las comunidades lamentan la muerte —confirmada hasta anoche— de tres humildes mineros y reclaman, según el líder comunitario Ediar Loboa, a 30 personas que estarían sepultadas bajo el alud de tierra, aunque oficialmente se hablaba de 13 desaparecidos que, según la coordinadora de la unidad de gestión del riesgo, Edith Yanet Paz, quedaron sepultados bajo 10 mil metros cuadrados de tierra y piedras. La mina era un socavón de 30 metros de profundidad, donde ocho máquinas que antes removían la tierra durante las 24 horas del día lavando tierra para extraer el oro, hoy lo hacen para recuperar cuerpos humanos.

La diferencia en las cifras de desaparecidos se originaría en que las personas reportadas son familiares de gente de la zona, “pero no se sabe cuántas de otros departamentos, como Chocó y Antioquia, estaban trabajando en la mina”, explica Loboa.

Los tres muertos quedaron pegados al barranco de la mina. Los arrastró el alud de tierra mientras caminaban por la superficie y fue fácil hallarlos, dice otro líder de la comunidad. Allí todos saben que la mina es ilegal, que es de mineros sin rostro. Las retroexcavadoras, según varios barqueros (mineros artesanales), trabajan de sol a sol.

El derrumbe de la mina ocurrió el miércoles pasado hacia las 11 de la noche, cuando los hijos de María Yeli Balanta y Miller Carabalí dormían sin saber que sus padres buscaban un gramo de oro para terminar la casa de dos plantas que estaban construyendo desde hacía un año.

Miller era el fontanero del Acueducto de Santander de Quilichao y el miércoles cogió su batea (platón artesanal) y se fue con su esposa a la mina que queda a más de 200 metros de su casa que quedó en obra negra. Álex Mosquera Balanta, sobrino de María Yeli, quien espera encontrarlos para darles cristiana sepultura, dice que arropará a los dos hijos que dejaron huérfanos las víctimas: a la niña de 17 y al varón de 14 años.

Sobre la tierra —inestable por la remoción que las retroexcavadoras hicieron durante un año—, ayer cuando se conoció la tragedia personas de todas las razas se aglomeraron: unas llegaron a buscar a sus familiares, y otras buscaban con sus celulares registrar lo que dejó la ambición por el oro y la necesidad de una comunidad que vive en estos territorios colectivos, que muchas veces deben arrendar o vender a la fuerza sus fincas para que las máquinas empiecen a cavar para encontrar el metal que ellos antes buscaban en los ríos.

El alcalde de Santander de Quilichao, Eduardo Grijalba, llegó a la zona con la zozobra de la muerte que aún lo ronda: hace dos meses, a su secretario de Gobierno, Ricardo Cifuentes, le tocó renunciar al cargo, todo porque hizo un operativo en el que incautaron 12 retroexcavadoras en el municipio, y por eso lo iban a asesinar dos sicarios de Cali. Hoy trabaja como asesor del departamento del Cauca, mientras su anterior jefe realizó un consejo de seguridad inmediato para analizar qué pasará con las otras minas que están cerca del lugar de la tragedia.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo señaló que informaciones que han sido y son materia de investigación por parte de los organismos de seguridad del Estado, indican que miembros del sexto frente de las Farc, que tiene presencia en la zona de la tragedia, participan de esa actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y la operación de las retroexcavadoras, así como por la producción de los entables.

Según el brigadier Ómar Rubiano Castro, comandante de la Regional 4 de Policía, “la minería ilegal en el Cauca no sólo agrupa este sitio, sino otros. Como usted se puede dar cuenta esto requiere un entorno operacional conjunto con toda la capacidad del Estado y la comunidad, en eso estamos trabajando para que se logren resultados positivos, pero lo más importante es que se asumen muchos riesgos por parte de la comunidad al ejecutar estos trabajos que ponen en peligro la vida de las comunidades”.

Al llegar a la mina, lo que encontró Edith Paz fue un panorama desolador. “Nuestro trabajo está enfocado en salvar vidas y al ver un panorama como ese para la gestión del riesgo es muy triste”. Comentó que será difícil hallar a las personas con vida por la cantidad de tierra que está encima de los barequeros, que años atrás trabajaron sembrando plátano o maíz en esta tierra, y que en el verano, en las riberas de los ríos, buscaban centésimas de oro para mantener a sus familias.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, llamó la atención a los dueños de la maquinaria que operaba en la mina: “No podemos pasar por alto la falta de solidaridad y la indolencia de los propietarios de las máquinas, que son los que están detrás de esa minería ilegal. En lugar de ayudar, lo que hicieron fue esconderla para evitar que no se las incautaran, lo que dificultó las tareas de rescate al tener que traer equipos de otro lado. Para ellos fue más importante la maquinaria que la vida misma”.

De igual manera, se refirió a las prácticas ilegales para la extracción de minerales: “Estamos en procura de la legalización de la minería informal y para eso se implementó el programa de formalización minera. Sobre la minería ilegal, que tiene vínculos con la criminalidad, se estableció una fuerza de tarea de las Fuerzas Armadas para combatirla y erradicarla”.

La Defensoría del Pueblo, sin embargo, pidió a las autoridades responsables ejecutar planes para evitar que se repitan este tipo de hechos en lugares en los que el riesgo de tragedias como esta era inminente. Al cierre de esta edición, equipos de rescate trabajaban sin descanso para rescatar los cuerpos sepultados.