Un grupo de congresistas norteamericanos visitaron la frontera para tomar nota de la situación que ahí se vive.
Washington. La mayoría de los niños procedentes de Centroamérica que cruzaron solos de forma ilegal a Estados Unidos tienen padres indocumentados en el país, según las conclusiones del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Bob Goodlatte, tras viajar a la frontera.
Goodlatte encabezó una delegación bipartidista de congresistas a la zona del valle de Río Grande, fronteriza con México, organizada para recabar información sobre el flujo de niños, adolescentes y familias que siguen entrando ilegalmente al país y que ha provocado lo que el Gobierno califica ya como una "crisis humanitaria".
Según las conclusiones difundidas hoy por la oficina del congresista, para la "gran mayoría" de los niños centroamericanos que cruzaron sin compañía de un adulto se ha tenido contacto con sus padres, "que ya estaban en Estados Unidos ilegalmente" y que participaron de una u otra forma en la operación para su traslado ilegal.
Los congresistas que visitaron instalaciones federales, se reunieron con funcionarios del Departamento de Salud, con miembros de la Patrulla Fronteriza en McAllen (Texas) y del puente internacional de Brownsville.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza abogaron por medidas disuasorias para detener esta afluencia, según la oficina de Goodlatte, y denunciaron que se ha extendido la voz en América Latina de que las mujeres y los niños no son considerados "prioritarios" para las deportaciones.
El congresista Goodlatte señaló que el presidente de EE.UU., Barack Obama, "tiene herramientas" para controlar esta actividad en el valle del Río Grande y prevenir que los menores hagan un "viaje peligroso" a Estados Unidos.
"Si Obama quiere detener este problema, debe hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y dejar de usar la pluma y el teléfono para crear programas de legalización", dijo en un comunicado, en el que además pidió que se revisen las peticiones de asilo para evitar el "fraude".
Junto con el congresista Goodlatte viajaron el republicano por California Darrell Issa; el republicano por Texas Blake Fahrenthold; la demócrata por California Zoe Lofgren; la demócrata por Texas Sheila Jackson, y el demócrata por Florida Joe García.
Los congresistas demócratas emitieron por su parte un comunicado en el que señalaron que miles de esos niños son "auténticos refugiados" que escapan de situaciones peligrosas, por lo que "merecen la protección de las leyes nacionales y las leyes internacionales".
Los demócratas rechazaron las condiciones de "confinamiento" en la que son albergados los niños, incluidos bebés, e instaron al Gobierno a solucionar esta situación aumentando las instalaciones disponibles, al tiempo que valoraron el "excelente trabajo" de los agentes de la Patrulla Fronteriza que trabajan en condiciones "extremadamente difíciles".
Los congresistas demócratas consideraron necesario "llegar al fondo de la cuestión: una reforma migratoria bipartidista" en Estados Unidos y un esfuerzo multinacional para afrontar las causas "que llevan a estos niños a escapar de sus hogares".
"Estos niños merecen algo mejor, nuestro país merece algo mejor", dijo la congresista Lofgren en un comunicado.
Los congresistas también visitaron el Centro de Detención de Port Isabel, donde se reunieron con miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Justicia y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
En lo que va de año fiscal (octubre-septiembre), las autoridades calculan que unos 50.000 menores y cerca de 40.000 familias han cruzado la frontera de forma ilegal, la mayoría de ellos procedente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
La oficina de estadísticas del DHS calcula que la llegada ilegal de menores crecerá de los 6.500 registrados en el año fiscal 2011 a 142.000 en 2015.
