La corrupción avanza, sobre todo en México. Se trata de una lacra que lastima a las grandes mayorías en el subcontinente, según un estudio publicado por la ONG alemana.

La organización con sede en Berlín publicó su último barómetro sobre la corrupción global; en esta ocasión puso la mira en América Latina y el Caribe, en donde realizó entrevistas a más de 22.000 personas en 20 países. El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca que la percepción generalizada es que esta práctica está en aumento, los gobiernos no las combaten con determinación pues casi una tercera parte de quienes las denuncian sufre represalias.

México es el país en donde más personas aseguran haber pagado sobornos en el último año, con un 51% de los encuestados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %). En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %), Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %) y Costa Rica (24 %).

Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33 %), El Salvador (31 %), Nicaragua (30 %), Colombia (30 %) Guatemala (28 %), Ecuador (28 %), Bolivia (28 %). En total, dos terceras partes de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses.  Según la organización, haciendo un estimado poblacional en la región, esto significa que unos 90 millones de personas están acostumbradas a pagar sobornos.

La ONG recuerda las protestas contra la corrupción en Guatemala, en Brasil, en República Dominicana, en México y en Honduras. Según estimaciones de TI siete de cada 10 ciudadanos estaría dispuesto a participar en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo muy pocos de los encuestados reconocieron haber reportado a las autoridades algún acto corrupto y quienes lo han hecho, dijeron haber sufrido represalias por ello. El presidente de TI, José Ugaz criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, por su clase política y por el sector privado.

"El caso Lava Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables", argumentó.

Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).

Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como "todos o casi todos corruptos" por el 47 % de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %), jueces y magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y líderes religiosos (25 %).