La unidad contra el terrorismo investiga a la empresa Sicim y algunos de sus directivos en el país por el pago de millonarias sumas en moneda local a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional.

Bogotá. Una sucursal de una empresa italiana que construyó un oleoducto en Colombia está siendo investigada por pagos a la guerrilla para evitar ataques contra su maquinaria y operarios, informó el miércoles la Fiscalía General, que se prepara para ordenar la captura de algunos directivos.

De acuerdo con un funcionario de la Fiscalía General, la unidad contra el terrorismo investiga a la empresa SICIM y algunos de sus directivos en el país por el pago de millonarias sumas en moneda local a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Hay una investigación en curso contra directivos de la empresa por pagos a la guerrilla y se van a expedir algunas órdenes de captura", dijo el funcionario a Reuters.

SICIM, con sede en Italia y sucursales en varios países de África, Europa y América, participó en las obras de la primera fase del Oleoducto Bicentenario en Colombia, que tuvo un costo superior a 1.000 millones de dólares.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía y las pruebas recolectadas que incluyen grabaciones telefónicas entre miembros de la guerrilla y directivos de SICIM, la empresa pagó a los rebeldes para que les permitieran el paso de maquinaria por carreteras de los departamentos de Arauca y Casanare, en el noreste del país, y para evitar ataques.

Las obras se realizaron entre el 2011 y el 2013, cuando comenzó a operar el ducto de 230 kilómetros que tiene capacidad para transportar 110.000 barriles diarios de petróleo.

Ningún directivo de la empresa investigada estuvo disponible en Colombia ni en Italia para realizar comentarios.

La legislación colombiana establece entre 13 y 22 años de cárcel a quien financie a grupos armados ilegales o terroristas. Las FARC y el ELN son considerados como organizaciones terroristas por Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, amenazó en el pasado con expulsar del país a las empresas que paguen extorsiones a la guerrilla.

El gobierno lleva adelante desde noviembre del 2012 una negociación de paz con las FARC en Cuba para poner fin un conflicto de 50 años que ha dejado más de 200.000 muertos, mientras que mantiene contactos exploratorios con el ELN.

La inversión extranjera directa al sector petrolero y minero aumentó notablemente en los últimos años por una mejora en las condiciones de seguridad después de una ofensiva militar contra la guerrilla, que fue obligada a replegarse a apartadas zonas montañosas y selváticas.

La estrategia permitió el regreso de empresas multinacionales a labores de exploración en territorios que antes controlaban los rebeldes.

En el pasado, empresas multinacionales del sector petrolero, principalmente, se vieron comprometidas con el pago de extorsiones a grupos armados ilegales.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal se han convertido en las principales fuentes de financiación de la guerrilla.