Áncash, una zona del norte del país donde la violencia y la inseguridad ciudadana se han agudizado por las acciones del crimen organizado y los sicarios.

Lima. El gobierno de Perú informó hoy que ha bloqueado el acceso a las cuentas bancarias del Ejecutivo regional de Áncash, una zona del norte del país donde la violencia y la inseguridad ciudadana se han agudizado por las acciones del crimen organizado y los sicarios.

El ministerio de Economía y Finanzas detalló, en un comunicado, que la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público aplicó esa medida a pedido de la Contraloría General de la República con el fin de salvaguardar "el adecuado uso de los fondos públicos asignados".

La nota oficial precisó que la medida tiene carácter "preventivo y temporal" y no comprende las operaciones de gasto destinadas a la atención del pago de remuneraciones, pensiones y programas sociales.

"De esta manera, el ministerio de Economía y Finanzas cumple con lo solicitado por la Contraloría General de la República, en su rol de preservar los recursos públicos", enfatizó.

El pasado 15 de marzo fue asesinado el ex consejero de la región Áncash Ezequiel Nolasco, quien era un acérrimo opositor al presidente regional, César Álvarez, y había anunciado su intención de presentarse a las elecciones regionales de octubre de este año.

Nolasco, quien fue atacado con arma de fuego por un grupo de sicarios, hace dos años había escapado de un atentado similar.

Medios locales han señalado supuestos vínculos de Álvarez con este crimen, una acusación que el presidente regional ha rechazado de manera tajante, mientras que la Policía aún continúa con las investigaciones del caso.

Esta semana la Fiscalía de Perú conformó un grupo especial de fiscales para enfrentar al crimen organizado en el norte del país, donde los asesinatos cometidos por sicarios, los robos en bandas y las extorsiones se han incrementado en Áncash, La Libertad y Piura, según reportes de autoridades y medios locales en los últimos meses.

La acción del crimen organizado ha generado tal grado de preocupación que gremios sindicales y empresarios, así como representantes de las regiones, la sociedad civil y la iglesia Católica han convocado para mañana a una marcha en Lima para exigir al gobierno "medidas efectivas" contra la delincuencia.