Uruguay cambiará su estrategia en el juicio con la tabacalera y parte de ello será involucrar al presidente de EE.UU. y conseguir lobbistas de primer nivel.

El presidente José Mujica llegará a la cuna del capitalismo con un planteo político para involucrar a Estados Unidos en la batalla legal que sostiene el Estado uruguayo contra la tabacalera Philip Morris.

La compañía adujo sentirse perjudicada económicamente por la política antitabaco del país –iniciada por Tabaré Vázquez– y recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para dirimir la diferencia, tratando de presentar el tema únicamente como una cuestión comercial. Para el Estado uruguayo, las medidas tomadas fueron para proteger la salud de la población y coloca ese argumento por encima de cualquier inversión.

La empresa se ampara en un tratado de protección de inversiones firmado por Uruguay con Suiza, donde la empresa tiene su casa matriz. La primera batalla la ganó Philip Morris al declararse el Ciadi competente para tratar el caso.

La idea de pedirle ayuda a Barack Obama, según supo El Observador, fue una idea surgida en el entorno de Tabaré Vázquez y desde allí se le hizo llegar directamente al presidente Mujica. Se prevé que el litigio con Philip Morris durará tres años más por lo que, de ganar las elecciones, como lo indican las encuestas, será Vázquez quien deberá asumir las consecuencias del juicio iniciado por la tabacalera en 2010.

El encuentro entre Mujica y Obama está previsto para el 12 de mayo. Luego de ponerlo en duda varias veces, el mandatario uruguayo anunció que viajará a Washington para “no dejar mal parada” a la embajadora Julissa Reynoso. No obstante las primeras vacilaciones del presidente con respecto a si viajaría a Estados Unidos, la cancillería y la embajada siguieron trabajando para ajustar detalles del encuentro.

Más allá de la agenda oficial que se confecciona los presidentes derivarán la conversación hacia otros temas que también les interesa. Fuentes gubernamentales dijeron a El Observador que Mujica le presentará a Obama el diferendo con Philip Morris, no sólo para informarlo de un juicio seguido de cerca por la comunidad internacional, sino que buscará involucrarlo en un tema complejo.

Conseguir el respaldo de Obama en un juicio donde el país se expone a perder millones y también puede verse afectada su posición de receptor de inversiones, es parte de la nueva estrategia que se ensayará.

Los correctivos que se harán por parte de Uruguay en el manejo del juicio con Philip Morris implica además remover a los abogados que intervinieron hasta ahora y buscar que primeras figuras de organismos internacionales de la salud y de instituciones antitabaco actúen como representantes del país.

La idea es reunir especialistas que no sólo sepan de aspectos jurídicos sino que por sus cargos hagan lobby a favor de la posición del Estado uruguayo. La nueva estrategia del país también fue comunicada a la cancillería, que es la que lleva adelante las negociaciones en coordinación con Presidencia de la República, en particular el diplomático Carlos Gianelli.

En 2010, cuando Mujica asumió como presidente, amagó con desactivar el litigio lo que generó una reacción del expresidente y hoy candidato del Frente Amplio, quien impulsó una serie de medidas restrictivas para bajar el consumo de tabaco por el daño que hace a la salud.

Luego Mujica, tras escuchar los argumentos de Vázquez, decidió seguir adelante con el litigio. Ahora, las primeras noticias del contencioso no son favorables a los intereses de Uruguay que puertas adentro reconoce el haber cometido errores estratégicos que lo dejan mal parado. Uno de esos errores fue utilizar los servicios de Daniel Hugo Martins, quien hace unos años se había manifestado en la posición contraria a la que luego defendió.

El abogado de la tabacalera, Carlos Delpiazzo, detectó que los argumentos utilizados por Martins para defender a Uruguay iban exactamente en sentido contrario de lo que había escrito años atrás. Martins planteó que la Ciadi no era competente en base a la ley 16.110, del tratado de inversiones, que establece que para poder iniciar una instancia arbitral antes se debe agotar la vía de la justicia local. Pero Delpiazzo argumentó que esa ley no está vigente porque fue derogada por la reforma de la Constitución de 1997, a lo que el tribunal del Ciadi le dio la razón.

También fue criticado que se contratara a Martins, cuando el abogado tiene un juicio millonario contra el Estado, en el que defiende al empresario Fernando Barboni en un reclamo de US$ 1.000 millones por los predios de la estación de AFE.

Para las etapas que quedan el gobierno uruguayo buscará reforzar sus argumentos involucrando a nuevos actores que compartan que la salud pública está por encima de una inversión, entre ellos ex jerarcas de organismos internacionales vinculados a a la salud y a organizaciones no gubernamentales con prestigio internacional. El mensaje de Vázquez fue poner toda la carne en el asador en esta disputa.