El informe titulado “Castigados por protestar: violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas.
No fueron incidentes aislados. Tampoco hechos menores. Y mucho menos excesos de “sólo algunos” miembros de las fuerzas de seguridad. Lo que sucedió en Venezuela durante las protestas, que comenzaron el 4 de febrero en el estado Táchira y luego se extendieron todo el país, fue un patrón alarmante de abuso. Así lo revela una investigación realizada por la ONG Human Rights Watch.
El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
Tras una investigación de seis semanas en Caracas y los estados de Carabobo, Lara y Miranda, el informe recoge 45 casos de “evidencias convincentes” de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos documentados por HRW, las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y permanecieron retenidas hasta 48 horas o períodos más prolongados, muchas veces en establecimientos militares. “Allí sufrieron nuevos abusos, como golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras”, añadió Vivanco. Según HRW, a numerosos detenidos que habían sufrido heridas por perdigones y fracturas por las golpizas se les negó o demoró la atención médica y “en varios casos guardias nacionales y policías sometieron a detenidos a abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual”.
Dice el documento, que altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro y la Fiscal General, han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de derechos humanos durante su intervención en manifestaciones. Se han comprometido a que los responsables de tales abusos serán investigados y juzgados, y el Ministerio Público informó recientemente que está impulsando 145 investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos, y que 17 agentes de seguridad han sido detenidos por su presunta participación en estos casos. Al mismo tiempo, el presidente Maduro, la Fiscal General de la República y otros funcionarios gubernamentales también han señalado reiteradamente que los casos de violaciones de derechos humanos representan incidentes aislados, y que no constituyen evidencia de un patrón más amplio de abusos.
El informe incluye, por ejemplo, el caso de Gengis Pinto, quien luego de recibir un disparo en la mano que le causó graves lesiones, fue detenido por los militares que tardaron 6 horas en llevarlo a un médico. A pesar de que el doctor le recomendó ir al especialista por la gravedad, los uniformados lo esposaron y tardaron diez horas más en trasladarlo a una clínica privada.
Otro caso es el de un hombre de 22 años, detenido por guardias mientras se dirigía a pie a un banco el 5 de marzo. “Ese mismo día había participado en una protesta en la zona, y sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia a su muslo derecho”, relata el informe. A continuación, fue llevado a una sede militar, donde una decena de guardias lo obligaron a desvestirse, uno de ellos le introdujo un dedo en una herida abierta en su pierna. Luego, reza el informe, tres guardias lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices.
“A continuación, lo llevaron a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían”, detalla HRW. Poco después fue trasladado a un hospital y, de vuelta a la sede militar, volvió a ser pateado.
Human Rights Watch también asegura que miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que violentas pandillas armadas partidarias del gobierno agredieran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas en los ataques. La organización hace un llamado a los entes regionales para que aumenten la presión a Caracas y garantizar el respeto a los derechos humanos.
