En mayo de 2011, la justicia española ordenó la busca y captura de veinte militares salvadoreños por asesinatos terroristas y delito de lesa humanidad.

Madrid. Un juez español decidió hoy continuar la investigación del asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989 por considerar que la reciente reforma de la Justicia Universal en España permite que prosiga con la causa por el delito de asesinato terrorista.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco levantó, sin embargo, en un auto dictado hoy, el procesamiento a veinte militares salvadoreños por lesa humanidad, ya que la reforma de la justicia universal estipula que un juez español solo puede investigar este delito cuando los imputados sean españoles o residentes en España.

El magistrado solo puede continuar con el procesamiento de los militares en relación a los asesinados de las víctimas de nacionalidad española, cinco de las ocho personas que murieron, por lo que quedarían fuera del caso un jesuita y dos mujeres.

El magistrado ha decidido seguir con la causa a pesar de que la reforma de la justicia universal decreta el sobreseimiento automático de todos los casos hasta que se compruebe si los puede investigar un juez español.

Lo hace al considerar que la reforma es "ilógica" porque, a su juicio, es "contradictorio" que el juez deba archivar y luego decidir si la causa se ajusta al cambio legislativo y debe seguir con la instrucción.

Para Velasco, el único que puede decidir continuar o no con la causa es el juez de instrucción, y en este caso faltan indagatorias por practicar y están pendientes reclamaciones internacionales de varios procesados, que impiden acordar la conclusión sumarial.

Cumpliendo con la reforma, el juez también ha elevado este asunto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que determine si el juicio celebrado en El Salvador por estos hechos fue un fraude de ley, tal y como lo considera Velasco, con lo que se concluiría que no han sido investigados.

El Supremo debe ahora analizar, según Velasco, si el juicio en El Salvador fue "un mero fraude, una formalidad para aparentar la realización de una justicia que no fue tal, ante el hecho de que no hizo comparecer ante el tribunal ni a los inductores y ordenantes del crimen, ni aún a todos sus autores materiales, recibiendo el jurado instrucciones políticas".

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional española admitió una querella contra los militares casi veinte años después del asesinato en 1989 de los seis jesuitas y dos mujeres que trabajaban con ellos.

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de ese año, cuando un grupo de soldados del Ejército salvadoreño entró en la UCA (Universidad Centroamericana) y mató a los seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles.

En el ataque también fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

El 30 de mayo de 2011, el magistrado español ordenó la busca y captura de veinte militares salvadoreños por asesinatos terroristas y delito de lesa humanidad.