El Poder Ejecutivo de Uruguay decretó este jueves la habilitación para que la Justicia se expida sobre delitos cometidos por ex militares durante la dictadura (1973-1985) amparados por una ley de amnistía de 1986.

Montevideo. El Poder Ejecutivo de Uruguay decretó este jueves la habilitación para que la Justicia se expida sobre delitos cometidos por ex militares durante la dictadura (1973-1985) amparados por una ley de amnistía de 1986.

La llamada Ley de Caducidad contemplaba que ex militares acusados de perpetrar delitos durante el régimen de facto no fueran enjuiciados. Con este decreto, las resoluciones de Gobiernos anteriores amparando casos bajo dicha normativa quedan anuladas y las denuncias a criterio de la Justicia.

Hasta el momento, el gobierno era el único con la potestad para determinar los casos que se podían investigar.

El decreto firmado en la noche del jueves por el presidente José Mujica, un ex guerrillero, y sus ministros determinó la revocación "por razones de legitimidad (de) todos los actos administrativos" que consideraron que era aplicable la Ley de Caducidad, y declaró "que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada norma".

En Uruguay, unos 20 militares están encarcelados por delitos cometidos durante el período, entre los que se encuentra el ex dictador Gregorio Alvarez.

La iniciativa fue anunciada el lunes por el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, cuando se cumplieron 38 años del golpe de Estado en Uruguay.

Breccia dijo que los casos que la Justicia podría investigar son más de 80.

La medida surge luego de que en mayo no prosperara en el Congreso la anulación de la Ley de Caducidad, una propuesta de la coalición de Gobierno que buscaba dejar sin efecto la amnistía a los ex militares.

A ello se suma un fallo de la Suprema Corte de Justicia, el principal órgano en la materia, que no consideró de lesa humanidad, sino como homicidios, los delitos cometidos por dos ex militares durante la dictadura.

Considerando como material de jusrisprudencia dicha sentencia, los delitos prescribirían en los primeros días de noviembre, por lo cual los ex militares que no sean juzgados antes de esa fecha quedarían exentos.

Unos 200 uruguayos desaparecieron durante la dictadura, la mayoría en Argentina por operaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad de los gobiernos de facto de la época, en tanto otros fueron torturados y encarcelados.

Mujica pasó más de una década en prisión, al igual que otros guerrilleros y militantes de izquierda, en tanto que miles de personas partieron al exilio.