La ley, aprobada en el parlamento por la mayoritaria bancada oficialista, “afecta considerablemente el derecho a la información” según denuncia el representante de la Sociedad Interamericana de la Prensa, Rodolfo Dumas.

Tegucigalpa.  Los sectores más críticos consideran que el nuevo gobierno, que presidirá Juan Orlando Hernández, del gobernante Partido Nacional, pretende blindarse con esa ley, mientras que el presidente electo asegura que la información se clasificará como secreta solo cuando afecte los intereses del Estado.

La ley, aprobada por la mayoritaria bancada oficialista del Parlamento, “afecta considerablemente el derecho a la información” , dijo el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Honduras, Rodolfo Dumas.

“Es un retroceso y una vulneración al derecho de la libertad de información y de expresión, porque restringe de manera inaceptable el acceso de información” , subrayó.

La ley faculta al presidente y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar la información oficial de “reservada” o de “confidencial” durante cinco años y diez años, respectivamente.

También pueden clasificarla como información “secreta” y “ultrasecreta” , lo que permiten prohibir su publicación durante 15 o 25 años, según esa nueva ley.

Dumas lamentó, además, que le quita al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) “su razón de ser” , el determinar y justificar la clasificación de cierta información de interés público, y que ahora esa competencia se adjudique al gobierno, “que podrá ocultar con mayor facilidad” los casos de corrupción.

Con esa ley, añadió, el nuevo gobierno pretende crear “un escudo jurídico para esconder algunos casos de corrupción” , en ese país centroamericano, considerado uno de los más corruptos de América Latina y de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

“Honduras es un país que viene luchando por erradicar la corrupción, pero con mecanismos como este esa lucha se vuelve cada vez más difícil, en lugar de fortalecerla la están debilitando” , enfatizó Dumas.

Además, instó a los diputados del actual Congreso Nacional a que deroguen esa ley, así como al nuevo presidente a que la vete.

Hernández, quien asumirá el poder el próximo día 27, dijo el jueves que la ley solo será aplicada en “aquellos casos de extrema seguridad que puedan atentar contra la seguridad del Estado o usada por el crimen organizado” .

Organizaciones de la sociedad civil también rechazan la normativa y han advertido que denunciarán esa nueva legislación ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Vamos a denunciar ante instancias nacionales e internacionales esta ley porque transgrede nuestros derechos” , dijo, en conferencia de prensa, Omar Rivera, director de la Organización de la Sociedad Civil, que aglutina a más de 20 instituciones.

La nueva normativa también es rechazada por la titular del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) , Doris Madrid, quien señaló que es “inconstitucional” y “lesiona” el derecho a la libre expresión.

La funcionaria indicó que también le “disminuye y tergiversa la acción” al IAIP y violenta tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) .

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció el jueves que la ley constituye “una nueva derrota” para la libertad de información en ese país centroamericano y expresó su deseo de que se presente un recurso de inconstitucionalidad que la invalide.

Partidos de la oposición se sumaron al rechazo a la iniciativa que, en su opinión, violará la libertad de información en Honduras.