Experto afirma que cuando el armamento llega al ámbito municipal, los mandos descuidan el resguardo y no hay control ni respetan protocolos
Ciudad de México. Si el Estado de México es la principal víctima del país en robo o extravío de armas asignadas a los policías, pues y ahí se perdieron dos de cada diez armas por este delito en los últimos cinco años, “se debe a que en los sectores de seguridad pública se incumplen protocolos básicos de resguardo y en lugar de colocarlas en armerías, se guardan en los cajones de cualquier archivero”, aseguró Alejandro López Morelos, exjefe de la unidad de Recursos Materiales y Armamento del municipio de Tlalnepantla.
Fueron siete mil 97 armas cortas y largas las que autoridades estatales y federales reportaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como robadas o extraviadas de 2011 a abril de 2016. De esas armas, dos mil dos eran propiedad del Estado de México, asignadas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría mexiquenses.
Entre las responsabilidades que López Morelos tenía, hasta marzo pasado, estaba el dotar a los elementos de seguridad de todas las herramientas para ejercer sus funciones, como armas de fuego, municiones, uniformes y vehículos.
También bajo el control y cuidado de López Morelos estaba un depósito donde se guardaban las armas de fuego nuevas que ni el comisario ni el subsecretario de Seguridad Pública habían asignado aún y aquellas pistolas o rifles descompuestos.
Con López Morelos, las armas y municiones estaban seguras; el riesgo surgía justo cuando se las entregaba a los jefes de los sectores y a los grupos especiales.
"Cuando entregaba el armamento que era asignado por el comisario, con el visto bueno del subdirector de Seguridad Pública, se firmaba un resguardo por el jefe de sector que era el nuevo responsable del buen o mal uso que los efectivos a su cargo les dieran a las armas”, explicó.
De acuerdo con López Morelos, todos los sectores de Seguridad Pública del Edomex, no sólo Tlalnepantla, sino toda la entidad, son sitios no aptos para el resguardo de armas de fuego, porque carecen de armería para depositar las pistolas y rifles operados por la policía, y tampoco existe un armero que las custodie, acomode y lleve un control de entradas y salidas.
"Las medidas de seguridad que establecen la Sedena y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana es que las armas deben estar en un gabinete, encadenadas, guardarse sin carga, ser recibidas por un armero, vigiladas por cámaras de seguridad, y para abastecerse, tener areneros de protección por si se escapa un tiro. Sin embargo, los sectores no tienen depósitos de armas como lo exigen las normas”, afirmó.
En su lugar, denuncia, existen archiveros comunes. Donde se guardan hojas, lápices y plumas aparecen armas de fuego como pistolas Sig Sauer calibre 9 milímetros o subametralladoras Mendoza.
Hay sectores donde las armas no están siquiera en una oficina o cuarto con puertas, sino quedan resguardadas por algún guardia que, además, atiende el radio, recibe reportes y elabora informes.
Sectores que han dejado las armas sin guardia, han sido sorprendidos por el robo masivo de armas, como sucedió en Tlalnepantla en 2014. La madrugada del 5 de octubre, el grupo de supervisión, ubicado frente a la Comisaría de Tlalnepantla, guardó las armas en archiveros comunes; antes de salir le colocaron un candado a la puerta.
Cuando regresaron del cambio de turno, el candado había sido violado y los cajones vaciados. Les robaron 16 armas cortas calibre 9 milímetros del archivero.
"A mí la comandante y dos elementos de turno me entregaron el acta que fueron a levantar ante el ministerio público. Yo a mi vez, la llevé a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y esa dependencia se la dio a la Sedena para reportar el robo de las 16 armas”, dijo.
Por esta negligencia, destituyeron a la comandante de turno.
Las armas de fuego, no son las únicas que desaparecen en los sectores de seguridad pública, también las municiones.
El especialista acusa que cada vez que llega un nuevo comandante al sector, cuando recibían el encargo público reportaba que no había balas.
Alejandro López Morelos acusa que el órgano de control de las corporaciones no verifica que, cuando un comandante deja el cargo, entregue al nuevo el material bajo resguardo.
El no hacerlo provoca que no se les pueda surtir a los policías más municiones, pues deben comprobar el consumo o extravío de éstas a la unidad de Recursos Materiales y Armamento.
Así, muchos policías deben trabajar sin parque suficiente, pues los mandos no les dan balas.