La semana pasada el juez de distrito Thomas Griesa ordenó que Argentina deposite US$1.300M antes del 15 de diciembre para pagar a acreedores con bonos incumplidos en el 2002.

Reuters. Argentina dijo que presentó este lunes a una corte de apelaciones de Nueva York un pedido con carácter urgente para que suspenda una orden previa de un juez que dictaminó que el país debía pagar US$1.330 millones a tenedores de bonos incumplidos.

La semana pasada el juez de distrito Thomas Griesa ordenó que Argentina deposite ese dinero antes del 15 de diciembre para pagar a acreedores con bonos incumplidos en el 2002 que rechazaron participar en dos reestructuraciones de su deuda, en el 2005 y en el 2010, y que reclaman que el país honre el valor nominal de sus títulos.

El gobierno argentino, que informó en la noche de este lunes sobre el pedido hecho a la corte, dijo que la decisión de Griesa era injusta y que de cumplirse obstaculizaría cualquier posterior reestructuración de deuda en el mundo.

"La presentación hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo", dijo en una nota el Ministerio de Economía argentino.

En su decisión, Griesa levantó una medida cautelar de no innovar que favorecía a Argentina hasta que una sentencia judicial definitiva sea dictada.

"La solicitud a la Cámara (corte de apelaciones), en consecuencia, es el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar", agregó la nota.

Argentina dijo que la fórmula de pago propuesta por Griesa, que consiste en pagarles a acreedores a los que el país califica como "buitres" el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, es inequitativa debido a que inversores que aceptaron sus reestructuraciones sufrieron quitas y recibieron bonos que vencen hasta en el 2038.

"Si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata (de prorrateo) que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir", dijo el gobierno.

Previamente al pedido argentino a la corte, inversores con bonos reestructurados argentinos por US$1.000 millones ingresaron este lunes una moción de emergencia en una cámara de apelaciones en Estados Unidos para intentar frenar una sentencia que temen pueda perjudicar el pago de esos títulos.

La apelación sucede mientras Argentina busca jugar esta semana sus últimas cartas para desafiar el fallo de Griesa que puso en peligro todos los esfuerzos que realizó el país sudamericano para poner punto final a su crisis de deuda del 2002 y que disparó temores a un nuevo incumplimiento.

Una década después de declarar la mayor cesación de pagos de su historia, Argentina se enfrenta a una dura elección entre depositar fondos antes del 15 de diciembre para pagar a los acreedores "excluidos" -los que rechazaron dos ofertas para reestructurar la deuda impaga- o arriesgarse a caer en una cesación de pagos técnica con todos los tenedores de bonos.

Los inversores que tenían cerca del 93% de los títulos incumplidos acordaron canjear esa deuda por papeles nuevos, aceptando un pérdida de capital grande.

Pero la decisión de la semana pasada del juez Griesa fue una gran victoria para los acreedores que no participaron, liderados por NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management, que siguieron por diez años luchando en los tribunales para conseguir un reembolso total por sus papeles.

En otra victoria, NML logró la confiscación de una nave emblema de la Armada argentina durante una visita a Ghana. Dos meses más tarde, el barco sigue retenido.

El fallo de Griesa es un retroceso no sólo para la combativa presidenta argentina, Cristina Fernández, quien llama a los acreedores excluidos "fondos buitres" y ha prometido no pagarles.

También ha consternado a los inversores que participaron en los dos canjes de deuda y temen que el país del G20 entre en una cesación de pagos técnica sobre bonos reestructurados por alrededor de US$24.000 millones.

Esos inversores ingresaron en la noche del lunes una moción en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito buscando frenar la orden de Griesa.

"La moción aseguraría que continúen los pagos de intereses a los tenedores de bonos mientras se decide la apelación", dijo en un comunicado David Boies, un abogado que representa a los inversionistas que participaron en los canjes.

No sólo la decisión de Fernández de repudiar a los tenedores de deuda impaga dificulta la posibilidad de un pago para Argentina.

Una ley local prohíbe ofrecerles mejores términos que los que ya se dio a los demás inversionistas y, hacerlo, expondría al país a demandas de los acreedores que cambiaron sus papeles.

Por otro lado, una cesación de pagos -aunque de naturaleza técnica- empañaría el historial del Gobierno en el manejo de la economía local, profundizando el aislamiento del país de los mercados financieros globales y obstaculizando la inversión en un momento en que la economía se ralentiza.

Algunos analistas temen que las repercusiones del caso se extiendan más allá de Argentina y sus acreedores, dificultando futuras reestructuraciones de deuda y el funcionamiento de los sistemas globales de pago.

Buenos Aires tiene previsto cancelar en diciembre a los tenedores de bonos que sí aceptaron el canje al menos US$3.300 millones en capital e intereses.

Si la demanda de Griesa para el pago de US$1.330 millones en una cuenta de garantía es confirmada por un tribunal de apelaciones y Argentina se niega a pagar, los tribunales estadounidenses podrían embargar los pagos a los acreedores que aceptaron la reestructuración, por consideración a los que la rechazaron.

NML, que tiene más causas judiciales pendientes contra Argentina que no están incluidas en este caso, está dispuesto a negociar con Argentina y consideraría una combinación de efectivo y bonos para resolver el conflicto, dijo una fuente familiarizada con la posición del fondo bajo condición de anonimato.

El fondo de cobertura niega las acusaciones de Argentina de que esté buscando desencadenar un 'default' para obtener una ganancia extraordinaria por CDS, que son seguros de crédito usados para protegerse contra el impago de deuda.

"Eso sería adoptar una posición muy importante en el mercado de CDS y no creo que tengan un interés en hacerlo", dijo la fuente, agregando que a NML se le debe alrededor de la mitad de los US$1.300 millones.

Las negociaciones o el pago voluntario por parte de Buenos Aires parecen algo casi imposible, sin embargo.

El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, quien al igual que Fernández dice que no se les pagará a los tenedores de deuda no reestructurada, calificó la semana pasada la decisión de Griesa como "una especie de colonialismo judicial".

"Lo único que queda es que Griesa pida enviar a la Quinta Flota (de la Armada estadounidense)", dijo Lorenzino a periodistas, al describir los planes de Argentina de presentar el lunes una apelación contra la decisión de Griesa en el Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones.

Los abogados de Argentina -Cleary Gottlieb Steen & Hamilton- pidieron restablecer la suspensión del fallo que obliga a hacer el pago a los tenedores y disputarán su decisión completa.

Muchos especialistas piensan que es poco probable que la corte de apelaciones atienda el pedido. Griesa dijo en la decisión de la semana pasada que sólo él puede decidir el caso.

"Puede ser un problema de proceso, pero Argentina tendrá que esforzarse por justificar por qué se niega a pagar los US$1.300 millones", escribió el analista de Eurasia Group Daniel Kerner, la semana pasada.

"Argentina tiene los recursos para hacer frente al pago, así que al final será una decisión política (y) no parece haber un apoyo político para el pago de los inversores excluidos", agregó.

La corte de apelaciones había respaldado el mes pasado una decisión adoptada por Griesa en febrero, que dijo que Argentina había discriminado a los tenedores excluidos.

Es por eso que la mayoría de los analistas cree que es poco probable que esta nueva audiencia ofrezca un resultado diferente, aunque algunos dicen que podría aliviar el impacto sobre terceros, como Bank of New York Mellon, que transfiere los fondos de Argentina a los tenedores de bonos y a los operadores del sistema de compensación.

La decisión de Griesa significa que tales intermediarios de pagos están sujetos a embargos de los fondos destinados para los tenedores de bonos que aceptaron el canje.

"Si bien la situación en este momento es muy difícil para Argentina y los tenedores de bonos canjeados, sigue siendo posible que la Corte de Apelaciones pueda modificar la orden de Griesa en lo relativo a la aplicación a los intermediarios", escribió el banco de inversión Credit Suisse en un informe la semana pasada.

"Si la corte de apelaciones adopta una postura más moderada que la de Griesa, también podrá emitir un nuevo aplazamiento sobre la orden", agregó.

Esto daría a Argentina algo de espacio y sería probable que llame pronto a una nueva audiencia, dada la inminente fecha límite de 15 de diciembre.

Tras la Corte de Apelaciones, el último recurso de Argentina en Estados Unidos sería la Corte Suprema.

Algunos expertos legales creen que el máximo tribunal del país podría elegir intervenir en este caso debido a sus implicaciones para la reestructuración de deuda en un momento de turbulencia económica mundial.

Los abogados del Gobierno estadounidense han respaldado la posición de Argentina sobre la cláusula "pari passu", o de trato igualitario para los acreedores. Estos dijeron en abril que las órdenes de Griesa "podrían permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional".

Sin embargo, no todo el mundo piensa que las consecuencias serán necesariamente tan amplias, porque la mayoría de los bonos emitidos desde la cesación de pagos de Argentina contienen cláusulas de acción colectiva que hacen que un acuerdo de reestructuración sea vinculante para todos los acreedores.

"El péndulo, post Argentina, se ha desplazado", dijo Hans Humes, presidente de Greylock Capital Management.

El fondo con sede en Nueva York rechazó el canje de deuda inicial, pero aceptó los mismos términos cinco años después, en el 2010.

"Solíamos tener una discusión sobre lo que un país es capaz de pagar y (Argentina) rompió el molde y nos hemos visto obligados a sentarnos y escuchar lo que ellos quieren pagar. Así que, en el caso actual, tal vez las cosas se estén volviendo un poco a nuestro favor", agregó.

Asegurar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos antes del pago considerable el 15 de diciembre parece un objetivo lejano.

Una eventual cesación de pagos técnica profundizaría el aislamiento económico de Argentina. El país aún no regresa a los mercados internacionales de crédito casi 11 años después de su crisis económica del 2001-2002, en parte debido al riesgo de acciones legales por parte de los acreedores.

Pagar todos los bonos impagos pendientes le costaría a Argentina hasta unos 11.000 millones de dólares, equivalentes a una cuarta parte de sus reservas de divisas extranjeras, que necesita para continuar sufragando el servicio de su deuda en ausencia de nuevos créditos.

El ex secretario de Finanzas argentino Guillermo Nielsen, quien ayudó a supervisar el canje de bonos en el 2005, dijo que lo mejor sería depositar los 1.300 millones de dólares a tiempo y seguir litigando.

"Una moratoria sobre los nuevos bonos se debe evitar a toda costa", dijo Nielsen. "El cese de pagos (del 2002) fue increíblemente costoso para Argentina y esta situación podría terminar causando el nuevo impago combinado con desacato a la corte", agregó.