Entre los acusados se encuentra el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, imputado por delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, entre otros.
La Paz. El Ministerio Público de Bolivia presentó el sábado una imputación formal contra tres mineros acusados de estar involucrados en la violenta muerte de un viceministro, en medio de una ola de protestas de las cooperativas que exigen cambios legislativos para sus actividades de extracción.
Entre los acusados se encuentra el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, imputado por delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, entre otros.
Los grupos de mineros, que el viernes levantaron bloqueos de rutas, denunciaron la muerte de tres de sus compañeros en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
El presidente boliviano, Evo Morales, consideró que las movilizaciones forman parte de una "conspiración política" y descartó dialogar con los cooperativistas mineros hasta no hallar a los responsables de la brutal muerte de su viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes. [nL1N1B70AO]
"Ahora estamos informándonos y encontrando documentos que (dicen) que esto es para tumbar al Gobierno", dijo el sábado el mandatario el sábado en una rueda de prensa.
La oposición rechaza la postura gubernamental.
"Le pedimos al presidente (Morales) que en esta hora de tristeza no siga urdiendo falsas teorías de conspiración, culpando a medios de comunicación, hablando de 'derechas', hablando de temas de recursos naturales", dijo el ex presidente y opositor Jorge Quiroga.
Illanes, de 56 años, había viajado el jueves a Panduro, a 160 kilómetros al sur de La Paz, para negociar con los mineros en protesta. Allí fue interceptado por manifestantes y asesinado a golpes, de acuerdo con la versión oficial.
El suceso ha generado una fuerte tensión política en el país sudamericano porque los manifestantes, que exigen cambios en la Ley de Cooperativas Mineras para poder firmar contratos con empresas privadas, eran hasta ahora aliados clave del Gobierno.
Actualmente hay alrededor de 120.000 mineros trabajando en cerca de 1.700 cooperativas, que cuentan con beneficios fiscales y recibieron otras concesiones por parte del Gobierno en años recientes.
Los mineros cooperativistas provocaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y de su sucesor Carlos Mesa en 2005.
Detrás de la producción de gas, la minería es la segunda actividad de Bolivia, que explota principalmente zinc, plomo, plata, estaño, cobre, oro y ulexita.
