El juez José Augusto Nardy Marzagao deberá comenzar otra vez el juicio con la lectura de los cargos a los 26 acusados, sindicados como responsables por la muerte de quince de los 111 presos que perdieron la vida en el extinto presidio el 2 de octubre de 1992.

Sao Paulo, EFE. El juicio de 26 de los 79 policías acusados de la "masacre de Carandirú", la mayor matanza en las cárceles de Brasil, ocurrida veinte años atrás en Sao Paulo, se reiniciará este lunes después de una semana del aplazamiento por los problemas de salud de una de las jurados inicialmente escogidas.

El juez José Augusto Nardy Marzagao deberá volver a sortear siete nuevos jurados, de una lista de 25 candidatos, y comenzar otra vez el juicio con la lectura de los cargos a los 26 acusados, sindicados como responsables por la muerte de quince de los 111 presos que perdieron la vida en el extinto presidio el 2 de octubre de 1992.

La semana pasada, durante la lectura de cargos, una de las cinco mujeres del jurado popular, integrado por siete personas, se sintió mal y por recomendación de los médicos del Tribunal de Justicia de Sao Paulo debió ausentarse, situación que obligó al juez a aplazar el comienzo de las audiencias de interrogación de testigos.

La llamada "masacre de Carandirú", resultado de una ofensiva policial para contener una trifulca interna en esa cárcel, ha sido durante estos 20 años un episodio de inspiración para escritores, como el ex médico del presidio Drauzio Varela, y el cineasta argentino Héctor Babenco, quienes relataron los hechos.

La Justicia procesará a 79 policías en cuatro fases, dado su alto número.

En total eran 84 los acusados, pero en las dos décadas que acumula el proceso, cinco de ellos murieron.

La defensa alega que sin las pruebas técnicas de balística es imposible determinar qué agentes dispararon y mataron, pues en el operativo participaron 284 efectivos de la Policía Militarizada.

Ninguno de los 284 agentes murió y los once heridos del organismo de seguridad fueron atacados con cuchillos y palos, a pesar de que la Policía alegó que irrumpió en el lugar porque los detenidos tenían armas de fuego.

El coronel de la Policía Militar que dirigió la operación, Ubiratán Guimaraes, fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel, pero nunca entró en prisión y se dedicó a la vida política como diputado regional hasta 2006, cuando fue absuelto en una apelación.

Meses después fue asesinado en extrañas circunstancias dentro de su apartamento y su novia, la principal sospechosa, fue declarada inocente del crimen por falta de pruebas.

Además, el entonces director del penal, José Ismael Pedrosa, fue asesinado a tiros en 2005 después de votar en un referendo sobre la prohibición del comercio de armas de fuego en el país.

Las autoridades atribuyeron el crimen a la organización criminal de presos Primer Comando de la Capital (PCC), que tuvo sus orígenes en los presidios paulistas después de la masacre.

La cárcel de Carandirú fue parcialmente demolida en 2002 para la construcción de un parque ecológico, dos escuelas técnicas y una biblioteca.