Pese a que la presidenta Dilma Rousseff bloqueó parcialmente un proyecto que permitía la deforestación de 22 millones de hectáreas de selva en la Amazonía, el Comité Brasileño de Defensa de los Bosques, que agrupa a 200 organizaciones ambientales, desechó por completo la medida.

A tan sólo semanas de que comience Río + 20, el gobierno de Dilma Rousseff sufre un duro golpe de opinión por parte de grupos ambientalistas que critican la posición de la mandataria respecto a la modificación del Código Forestal de este país.

Todo comenzó a finales de abril de este año cuando el congreso brasileño aprobó una serie de modificaciones al Código que, según estudio de la Universidad de Sao Paulo, permitirían la deforestación de 22 millones de hectáreas de bosque amazónico para darle paso a la agricultura de gran escala en un país que ocupa el primer puesto en la producción de café, azúcar, jugo de naranja y carne de res.

Desde ese momento, todos los ojos estaban puestos en Rousseff, quien tenía el poder de vetar parcial o totalmente la iniciativa. Esto último era el deseo del Comité Brasileño de Defensa de los Bosques, una organización civil que agrupa a más de 200 instituciones de carácter ambiental y que a través de varios medios ha expuesto sus razones para desechar por completo el proyecto.

Algunos de los argumentos expuestos por el Comité tienen que ver con la permisividad que el texto aprobado por el Congreso refleja sobre la ocupación de manglares y la reducción del área que los granjeros deben dejar libre entre sus tierras y las riberas de los ríos: el nuevo código reduce en 80% el área de protección alrededor de los cuerpos de agua, que antes de la modificación debía ser de 50 metros.

No es un asunto de poca monta si se tiene en cuenta que Brasil es el país que más bosque amazónico posee. Hasta hoy, cerca del 20% de la amazonia brasileña ha desaparecido por la deforestación que, además de madera, busca tierra para un país cada vez más hambriento y en continuo desarrollo. Se calcula que la agricultura contribuye al 5% del PIB de esta nación.

Para sorpresa del Comité, la presidenta Roussef tomó la decisión de vetar parcialmente la modificación del código, una decisión que ha sido calificada por el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (que forma parte del Comité) como “insuficiente”. En un comunicado, el Instituto aseguró que la determinación del gobierno brasileño “es fruto de la fuerza de negociación del sector agrícola, que está posicionado de forma hegemónica en el Congreso y en el propio Gobierno Federal. El Gobierno perdió la oportunidad de no ceder a la presión ruralista y apuntarle a un desarrollo sostenible y social”.

Roussef vetó por completo 12 artículos del Código y le hizo modificaciones a 32 más. Entre los artículos vetados se encuentra uno que propendía por una amnistía a los aserradores ilegales. Al respecto, Jorge Ribeiro Mendes, Ministro de Agricultura brasileño, aseguró que las modificaciones al texto reflejan un proyecto “de aquellos que creen que es posible producir alimentos y preservar el medio ambiente”.

Sin embargo, las modificaciones propuestas por el gobierno, según los grupos ambientales, permitirán el uso de especies no nativas del bosque, como el eucalipto, además de remover las multas que le serían impuestas a quienes hayan deforestado ilegalmente en el pasado.

El pulso entre los intereses ambientales y la necesidad de tierra para aumentar la producción agrícola seguirá, pues ahora el Congreso, en un plazo de 30 días, debe presentar un nuevo texto que refleje las modificaciones hechas por Roussef.