Los cárteles de la droga en México están comenzando a interferir con las actividades del gobierno, a través de los asesinatos y desapariciones utilizadas para reafirmar su autoridad.

México DF. Cinco trabajadores de Pemex fueron a sus empleos en una planta de licuefacción de gas cerca de la frontera con Estados Unidos hace seis meses y nunca regresaron. Hombres enmascarados, al parecer miembros de un cártel de la droga en el área, al parecer habían advertido a empleados de Petróleos Mexicanos que no se les permitiría ingresar.

Casi en la misma fecha, en mayo, tres inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente se dirigieron a las montañas boscosas al oeste de la Ciudad de México para investigar una queja de contaminación. Sus cadáveres torturados aparecieron al día siguiente. Las autoridades dicen que los hombres se encontraron con un laboratorio de drogas.

Mediante asesinatos y desapariciones para reafirmar su autoridad, los cárteles de la droga en México están comenzando a interferir con las actividades del gobierno en partes del país, impidiendo a trabajadores que ingresen a sus territorios e interrumpiendo algunos de los servicios más básicos.

Los cárteles no sólo mantienen puntos de control y matan a policías y alcaldes para controlar territorio, ahora tratan de impedir que cualquier persona, desde funcionarios de nivel medio hasta camioneros de entregas e inspectores de sistemas para medir el consumo de electricidad, agua o combustible, ingresen a las áreas rurales que ellos usan para el transporte de drogas. En el proceso, están bloqueando la entrega de gasolina, cheques de pensiones, ayuda a campesinos y otros servicios para los mexicanos.

Los cárteles además roban o extorsionan a personas que reciben cheques del gobierno, extendiendo sus actividades a otros negocios criminales, según El Heraldo.

Esos problemas han afectado incluso a Estados Unidos, pues las inspecciones agrarias en la frontera han disminuido. La reciente búsqueda de un turista estadounidense en un lago fronterizo fue suspendida bajo amenazas de violencia por un cártel y el asesinato del policía a cargo de la pesquisa.

"Todo está paralizado", dijo María Luz Hopkins, una jubilada de 69 años en Tubutama, al sur de la frontera con Arizona. Nadie está trabajando en los campos porque no tienen gasolina ni diesel. La gente que trae la gasolina no viene. ¿Cómo puede trabajar la gente?".

Hopkins se quejó ante las autoridades en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, cuando el gobierno dejó de entregar los cheques de pensiones. Dice que le mes pasado los cheques llegaron en una caravana de camiones fuertemente custodiados luego de no haberse efectuado el pago bimensual en el verano.

Funcionarios federales dicen que esos casos son incidentes aislados y niegan que exista un área del país en la que el gobierno no pueda operar. Como evidencia apuntan a las elecciones legislativas de 2009 y el censo de 2010.

Puede que haya habido incidentes, pero eso no significa que la actividad del gobierno haya cesado en algunas partes del país, dijo el portavoz federal de seguridad Alejandro Poiré. Añadió que si algo sucede, las fuerzas federales estarán ahí para hacer cumplir la ley y mantener las operaciones del gobierno.

Sin embargo, en áreas a lo largo de la frontera o en las montañas del interior, fugaces patrullas militares y breves visitas de funcionarios del censo no pueden ser consideradas control gubernamental. Incluso el personal militar está nervioso e insiste en lucir máscaras para no ser reconocido.

Para Pemex, los secuestros son un problema extendido, dijo el director general Juan Suárez Coppel. No se limitan a una planta y siguen creciendo, de acuerdo con cifras oficiales obtenidas por The Associated Press. Un total de 10 empleados o subcontratistas de Pemex fueron secuestrados en cuatro estados mexicanos en 2010, comparados con uno solo en 2009, dos en 2008 y tres en 2007.

Pemex, la mayor empresa del país, que provee aproximadamente 40% de los ingresos del gobierno federal, no ofrecía estimados sobre las pérdidas financieras sufridas. La compañía no dijo qué pasó a las víctimas ni cuánta producción se ha perdido a causa de problemas de seguridad en estados fronterizos como Tamaulipas y Nuevo León, ni en los estados de Veracruz y Tabasco, en el Golfo.

Carlos Morales Gil, director de Exploraciones y Producción de Pemex dijo que ha habido una serie de problemas en la parte norte de Tamaulipas y parte del vecino Nuevo León que han dificultado las operaciones.

"Se ha venido viviendo una serie de circunstancias complicadas para operar, en ocasiones de bloqueo, no de toma de instalaciones. No se ha llegado a esa situación", dijo Morales Gil. "Sí se ha llegado a impedir el paso de las personas que van a trabajar a algunas instalaciones, e incluso, se ha privado de la libertad a algunas personas".

Los problemas. En junio, vehículos que transportaban al contralor y al director de obras públicas de Tubutama, fueron atacados por bandidos y los funcionarios fueron baleados. La electricidad fluye gratis porque los inspectores se niegan a ir a revisar los medidores, dijo un campesino, quien pidió que su nombre no fuese revelado porque teme por sus seguridad en el área fronteriza.

Los médicos no se presentan en la clínica de salud en Tubutama, las escuelas cerraron temprano el año pasado a causa de tiroteos que hicieron peligroso que los niños fuesen a clases y los estantes en las tiendas de abastecimiento están vacíos porque los camiones de suministros no llegan al pueblo de 1.500 habitantes.

Muchos residentes se han ido -el granjero estima que 70%- porque temen que el gobierno no les puede proteger, de la misma forma en que lo han hecho residentes de Ciudad Juárez y ciudades pequeñas a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

El gobierno federal además ha dejado de entregar los pagos del programa antipobreza del presidente Felipe Calderón, Oportunidades, dijo el granjero, parte de cuya familia se fue de Tubutama.

El programa informa que ha sufrido 134 robos de entregas a pueblos en los últimos dos años y medio, una pérdida de unos $142 millones (US$1,1 millones). La mayoría de los robos ocurren en el área conocida como el Triángulo Dorado, donde se tocan los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, de acuerdo con el Secretaría de Desarrollo Social, que administra el programa.

La pérdida es un mínimo porcentaje del total del programa, de unos $25,000 millones (US$2,000 millones) anuales. Funcionarios dicen que usualmente tratan de reprogramar una nueva entrega en unos pocos días para el área afectada, donde los cheques a menudo son casi la única forma de ingresos, pero en algunos casos demora semanas.

En el estado fronterizo de Chihuahua, que incluye a Ciudad Juárez, las pandillas de la droga -y los criminales que trabajan para las pandillas o son tolerados por ellas- se han vuelto tan poderosos que les roban los cheques de ayuda a los agricultores locales. Los nombres de quienes reciben la ayuda son publicados, como parte de un programa federal de transparencia.

Vulnerables. El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reconoció que existen problemas con la entrega de ayuda agraria a la zona.

"Aquí hay un problema porque tenemos la obligación legal de publicar las listas de beneficiarios. Sin embargo, tenemos un hecho lamentable que es en contra de la seguridad de los beneficiarios", dijo Mayorga.

Grupos de agricultores de Chihuahua pidieron el mes pasado a la secretaría que suspenda la práctica.

Rubén Chávez, líder de la cooperativa Unipro, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, dijo que los criminales amenazan a la gente con quemarles las granjas o hacer daño a sus hijos si no les dan el dinero.

En el caso de los inspectores ambientales, las autoridades están casi seguras de que traficantes les torturaron y asesinaron junto con un residente local que servía de guía luego que el grupo se topó con un laboratorio de drogas.

Christopher Cadena, de 22 años, fue uno de los cinco trabajadores de Pemex que desaparecieron cerca de la ciudad fronteriza de Reynosa. El área, al otro lado de McCallen, Texas, es centro de la violenta rivalidad entre el Cártel del Golfo y los Zetas, una brutal pandilla formada por ex soldados.

El padre de Cadena, que pidió que su nombre no fuera publicado, dice que la pandilla que secuestró a su hijo quería el área despejada para transportar sus drogas.

"Los otros cuatro muchachos, colegas de mi hijo, habían sido amenazados el viernes previo ellos les dijeron que no querían verlos de nuevo por allí", dijo el padre, quien añadió que las amenazas fueron hechas por hombres con uniforme militar que llevaban fusiles automáticos, pero lucían zapatillas deportivas en lugar de botas.

"Ellos quieren el corredor despoblado", dijo. "Quieren que Pemex se vaya".