El monto requerido es el más grande que ha enfrentado el Fisco chileno en una acción legal, la que se interpuso tras la primera reunión entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y representantes de las 181 víctimas del maremoto que sucedió al terremoto del 27 de febrero de 2010.

La mayor demanda colectiva que se haya presentado contra el Estado, cuyo monto asciende a $60 mil millones (US$119,4 millones), interpusieron este jueves el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, las familias de 69 víctimas que cobró tsunami del 27 de febrero de 2010 en la Región del Maule.

El monto indemnizatorio al que aspiran unos 200 familiares directos de los fallecidos a quienes se les otorgarían CH$300 millones (US$597 mil) para que se “compense el daño sufrido”, señaló el abogado de los parientes, Juan Vasseur.

“Lo que se demanda acá es la responsabilidad del Estado por falta de servicio y que consiste fundamentalmente en que el Estado a través de sus órganos, específicamente la Onemi, no actuó en el momento en que debió actuar o lo hizo tardíamente y esa falta de actuación del Estado provocó los perjuicios, que consisten fundamentalmente en la pérdida de vidas humanas”, explicó el profesional.

Las víctimas afectadas en este caso corresponden las localidades de Pelluhue, Constitución y Cauquenes, entre otras, donde los cuerpos de 7 de ellas aún no han sido encontrados.

Exploran acuerdo. Lorena Hoffman, madre del futbolista Mark González, ha actuado como coordinadora de este grupo de familiares y asegura que la indemnización será importante, porque entre los casos “hay muchas mamás que quedaron sin maridos, con hijos chicos, y deben salir a trabajar. Ellos tuvieron una pérdida muy grande. Aparte de perder familiares también perdieron cosas materiales; lo perdieron todo, fotos, recuerdos. Es terrible”.

La demanda se presenta una semana de la primera cita sostenida con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que se reunió con parte de los representantes de las 181 víctimas que dejó el tsunami, para explorar una fórmula que permita evitar un largo juicio y llegar a un acuerdo.