Mientras Gustavo Vargas Gamboa y otros dos funcionarios de LaMia fueron arrestados en Santa Cruz de la Sierra, en Brasil otra de las investigadas en este caso presentó su solicitud de asilo y recibió autorización de permanencia por un año.
El gerente Gustavo Vargas Gamboa y otros dos funcionarios de la aerolínea LaMia fueron arrestados este martes, en el marco de las investigaciones que se realizan por el siniestro de la aeronave CP2933 de esa firma.
Paralelamente, el Gobierno confirmó que el certificado de la matrícula del avión, que se estrelló en Colombia el 28 de noviembre, fue aprobado por el hijo de Vargas Gamboa, Gustavo Steven Vargas Villegas, en su condición de ejecutivo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DGAC).
Los arrestos se concretaron luego de que una comisión conformada por fiscales anticorrupción y funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) allanaran en Santa Cruz las oficinas de LaMia y de la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea (AASANA) Celia Castedo, también investigada en este caso.
Castedo, la oficial de Aro Ais que observó el plan de vuelo que presentó el despachador de LaMia ese lunes 28 de noviembre, salió a Brasil y solicitó refugio, tras lo cual recibió una autorización de permanencia por un año, hasta el 5 de diciembre de 2017, tiempo en el que las autoridades brasileñas tomarán una decisión sobre su pedido.
Entretanto, Vargas Gamboa se encuentra detenido en Santa Cruz, al igual que un mecánico y una secretaria de LaMia, quienes fueron trasladados hasta la Fiscalía para prestar su declaración informativa ante la comisión de fiscales que investiga este caso y que está integrada por Oswaldo Tejerina, Fanny Alfaro, Iván Ortiz, Mirtha Mejía e Iván Quintanilla.
Quintanilla informó que además existen otras tres citaciones para personeros de AASANA, quienes comparecerán este miércoles ante la autoridad jurisdiccional.
Reveló que durante los allanamientos se colectaron documentos que formarán parte de la investigación abierta a partir de la denuncia interpuesta por ejecutivos de AASANA contra Castedo por los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte e incumplimiento de deberes.
De no haber relación de los arrestados con el caso se dictará el cese del arresto y, de lo contrario, se ordenará su aprehensión para luego trasladarlos ante un juez cautelar para que determine su situación jurídica, explicó el fiscal.
Mientras, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, confirmó que Vargas Villegas fue quien aprobó el certificado de la matrícula del avión CP2933, siendo hijo del gerente de la empresa que presentó la solicitud.
“El existir esta situación, nosotros hemos alertado y verificado de que Vargas Villegas, al ser funcionario de la DGAC y al tener este conflicto de intereses, posiblemente ha existido un tráfico de influencias para autorizarle la certificación de la matrícula”, dijo, según publica hoy La Razón en su edición impresa.
Reveló que ese certificado también fue aprobado por el exdirector de la DGAC Virgilio Édgar Pereira, quien además aprobó la resolución administrativa para la emisión del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos y el permiso de operación de LaMia.
El lunes 28 de noviembre, a las 23.00, la aeronave CP2933 de LaMia se estrelló en Cerro Gordo, al sur de Medellín, en Colombia, y causó la muerte de 71 personas, entre ellas los jugadores del club brasileño Chapecoense. Sólo hubo seis supervivientes, entre ellos los bolivianos Ximena Suárez y Erwin Tumiri.
