Las personas fueron capturadas en delito flagrante cuando preparaban “actos presuntamente subversivos y violentos que iban a iniciar el 8 de marzo”, según Serrano.

Nueve de los diez detenidos en la noche del sábado, acusados de atentar contra la seguridad del Estado, recibieron ayer orden de prisión preventiva por ser “presuntos integrantes” del subversivo Grupo de Combatientes Populares (GCP). A una mujer se le dictaron medidas sustitutivas por estar embarazada.

El anuncio lo hizo a las 19:00 de este domingo el ministro del Interior, José Serrano, en la Unidad de Vigilancia de Carapungo, en el norte de la capital, y después de casi cuatro horas de audiencia de formulación de cargos.

Las diez personas fueron capturadas en delito flagrante cuando preparaban “actos presuntamente subversivos y violentos que iban a iniciar el 8 de marzo”, según Serrano.

Según el funcionario, también se incautó “una serie de información que determinaba la vinculación de ellos con el Grupo de Combatientes Populares”. Ellos, manifestó, eran “los cabecillas, líderes de esta célula subversiva (GCP) a escala nacional”.

Las personas fueron detenidas en el operativo Sol Rojo, que se desarrolló la noche del sábado. Ahí se allanó el departamento 206 de la Torre 7 del conjunto San Pedro, en la avenida Napo y Velasco Ibarra, en el sur de la capital. El allanamiento fue a las 23:00.

Se detuvo a Cristian Gómez Romero, Jesenia Eras Bermeo, Ana Cristina Campaña Sandoval, Elizabeth Tapia, Pablo Andrés Castro Campos, Luis Gallegos Valarezo, César Zambrano Farías, Hugo Vinueza Puente, Luis Merchán Mosquera y Héctor Estupiñán Prado, a quienes ayer se les abrió la instrucción fiscal.

Las diez personas que fueron presentadas a la prensa en la mañana indicaron que se los quiere involucrar de algo que nada tienen que ver.

Serrano afirmó que ese operativo se efectuó como resultado de una investigación de cuatro meses realizada por la Policía, a raíz de la explosión de bombas panfletarias en Quito, Cuenca y Guayaquil.

Indicó que los actos delincuenciales que pretendían desestabilizar la democracia iban a cometerse el 8 de marzo.

Evidencias

Entre las evidencias encontradas enumeró: una agenda de trabajo hasta el 10 de marzo, una serie de correos y mensajes de PIN que revelan la toma del poder a través de las armas. Así como llamadas que denominan explosivas en Loja, Cuenca, en la Secretaría del Agua (Senagua) y en empresas mineras.

No señaló si hubo armas o algún tipo de explosivos. También dijo que hubo documentos sobre la concepción del GCP, manuscrito con temas tratados en la reunión, el plan electoral del Pichincha 2012, documentos sobre una escuela provincial del Pcmle, una guía de reclutamiento, elementos básicos para el año y seminarios en marcha del año en curso.

De acuerdo con Serrano, el grupo es subversivo porque no está legalizado, inscrito o reconocido como para calificarlo de movimiento o partido político.

El director nacional del MPD, Luis Villacís, manifestó a la prensa que los detenidos son militantes y simpatizantes de ese partido que estaban reunidos en el sur de la capital y que están acusados de supuesto terrorismo y sabotaje.

Afirmó que esta detención constituye parte de la estrategia del Gobierno para debilitar la movilización nacional del próximo 8 de marzo, donde el MPD participará activamente.

“Se trata de desprestigiar a la marcha y mostrar al país a los detenidos como desestabilizadores de la democracia”, subrayó. Las personas reunidas el sábado, añadió, estaban coordinando acciones para la marcha del 8 de marzo.

Entre los detenidos está el odontólogo Cristian Gómez Romero, cuyo domicilio en Guayaquil fue allanado por la policía el pasado 3 de marzo y se llevaron su computadora, disco duro y libros.

Las órdenes de allanamiento y detención las concedieron la fiscal de Pichincha, Diana Fernández, y la jueza de Garantías Penales del Guayas, Alicia Argüello.

“¿Por qué no se aplica esa misma diligencia y se allanan las casas de las personas que están implicadas en la ‘narcovalija’”, preguntó Villacís.

Serrano no descartó vincular a ese grupo subversivo con otras organizaciones, “eso evidenciaremos con pruebas y documentos”, indicó.