"Es innegable" que la justicia, también en los casos de feminicidio, "actúa de manera diferenciada dependiendo de los recursos (...) que tenga el victimario", dijo a Efe la coordinadora del Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Vilma Vaquerano.
San Salvador, EFE. La posición económica de los homicidas de mujeres es un elemento clave y determinante de la justicia ante el feminicidio en El Salvador, uno de los dos países con más incidencia de ese delito en Latinoamérica, según activistas.
"Es innegable" que la justicia, también en los casos de feminicidio, "actúa de manera diferenciada dependiendo de los recursos (...) que tenga el victimario", dijo a Efe la coordinadora del Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Vilma Vaquerano.
Latinoamérica y el Caribe "concentran la cuarta parte de los feminicidios del mundo", según la directora de la Campaña de la ONU llamada ÚNETE, cuyo fin es terminar con la violencia contra las mujeres, Nadine Gasman, quien aseguró a Efe en Panamá que El Salvador y Guatemala encabezan la lista en cuanto a tasas.
Según ÚNETE, en 2011 fueron asesinadas 705 mujeres en Guatemala y 647 en El Salvador.
Dos recientes casos que causaron conmoción en la sociedad evidencian el trato desigual que la justicia tiene frente al feminicidio en El Salvador, según ORMUSA y otros grupos feministas.
Un caso es el del entonces gerente de una reconocida empresa distribuidora de automóviles que asesinó a balazos a su esposa en 2012 y en marzo pasado fue absuelto por "falta de pruebas".
Un tribunal de San Salvador absolvió al acusado porque el informe de "la autopsia, la cual es fundamental para determinar la causa de la muerte y posible arma" utilizada en el crimen, no fue presentado por la Fiscalía, según la sentencia del juez Jesús Lara.
El ahora exgerente sigue detenido, pero por tenencia y portar ilegalmente un arma de fuego.
La Fiscalía apelará la sentencia absolutoria del delito de feminicidio, dijo el fiscal general, Luis Martínez, quien rechazó que el fallo judicial se debiera a "una actuación deficiente de la fiscalía", sino, afirmó, a "una deficiencia del juez".
Al contrario del ex gerente de la empresa de venta de automóviles, el conductor de un autobús que mató el 6 marzo pasado a una mujer con su vehículo sigue siendo procesado por feminicidio.
Según la prensa local, el conductor atropelló intencionadamente a la señora de 57 años que se puso enfrente del autobús para evitar que este huyera del lugar y así obligarlo a responsabilizarse por los daños que le causó a su automóvil en una colisión previa.
Las autoridades afirman que la cifra de feminicidios ha disminuido pues, según la Policía, entre enero y marzo pasados se registraron 51 casos, 118 menos que los del mismo período de 2012.
El fiscal general destacó que desde enero de 2012, cuando se creó la figura delictiva del feminicidio en El Salvador, se han dictado "alrededor de 15 condenas" por ese delito.
Pero este es un bajo número para los 321 asesinatos de mujeres reportados en ese año.
Entre otros feminicidios recientes que también causaron conmoción está el ataque contra una colombiana (que murió) y una salvadoreña, ambas nacionalizadas en Estados Unidos, en un hecho ordenado por el esposo de esta última, según la Fiscalía.
Tras pasar Semana Santa en El Salvador, ambas mujeres se dirigían al aeropuerto internacional, unos 44 kilómetros al sur de San Salvador, cuando fueron interceptadas y acribilladas a tiros por unos desconocidos.
Según la Fiscalía, fue el esposo de la mujer salvadoreña, la cual sobrevivió al ataque, el que había contratado desde Nueva York a unos sicarios para asesinarla en venganza por una supuesta infidelidad, pero este, también salvadoreño, fue detenido al llegar a este país a raíz del hecho.
Aunque haya una considerable disminución de asesinatos de mujeres, que "es un hecho positivo", eso "no significa que los niveles de violencia contra las mujeres hayan disminuido" en el país, señaló Vaquerano.
La activista indicó que "los feminicidios no pueden ser un único parámetro para medir la violencia contra las mujeres" que existe en el país, ya que hay otras manifestaciones que siguen incrementándose.
Según datos oficiales, en 2012 en este país se registraron al menos 2.493 denuncias por violencia intrafamiliar.
También ese año el Instituto de Medicina Legal atendió 1.891 víctimas de violación e hizo 3.436 reconocimientos de víctimas de violencia sexual.
