Más de 2.500 ciudades han presentado sus planes para frenar las emisiones de dióxido de carbono a Naciones Unidas desde finales de 2014, dando ejemplo a los casi 200 países que alcanzaron el Acuerdo de París a finales de 2015 para luchar contra el calentamiento global.
Oslo. Ciudades desde Oslo a Sídney están fijando unos objetivos para frenar el cambio climático que superan las metas de sus respectivos países, provocando tensiones con los gobiernos nacionales sobre quién controla las decisiones sobre energías, transportes y construcción verdes.
Más de 2.500 ciudades han presentado sus planes para frenar las emisiones de dióxido de carbono a Naciones Unidas desde finales de 2014, dando ejemplo a los casi 200 países que alcanzaron el Acuerdo de París a finales de 2015 para luchar contra el calentamiento global.
Aunque no hay una recopilación de estadísticas oficiales disponibles, muchas metas de gobiernos locales son más ambiciosas que las fijadas por las naciones en el acuerdo de París, que no impone obligaciones a las ciudades, regiones o empresas para que definan sus objetivos.
Algo más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, lo que implica que los municipios ayudarán a decidir si triunfa o fracasa la histórica transición de combustibles fósiles a energías más limpias acordada en París.
Pero mientras muchas ciudades dan un paso al frente, los gobiernos nacionales son reacios a ceder el control.
"Las ciudades comienzan a traspasar sus límites sobre decisiones a nivel nacional", dijo Seth Schultz, director de análisis en el grupo de clima con sede en Nueva York C40, que incluye la mayoría de las mega urbes del mundo, desde Tokio a Los Ángeles.
"Habrá cada vez más conflictos", dijo, en relación a las decisiones para frenar la contaminación del aire local y ayudar a un objetivo más amplio para limitar las sequías, los corrimientos de tierras, las olas de calor y la subida del nivel del mar.
La tendencia es más clara en ciudades acaudaladas, que son más capaces de reducir las emisiones para cumplir las demandas de unos votantes más concienciados con el medio ambiente que en ciudades de rápido crecimiento como Bangkok, Nairobi o Buenos Aires.
Otro ejemplo de la creciente fricción: Oslo, donde el ayuntamiento de izquierda están enfrentado con el gobierno noruego de derecha por su impulso en reducir en más de la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de la capital en cuatro años a unas 600.000 toneladas, una de las reducciones de emisiones más radicales del mundo.
El plan para la ciudad de 640.000 habitantes incluye zonas libres de coches, "obras libres de combustibles fósiles", altos peajes de carreteras y captura de gases con efecto invernadero en la incineradora de residuos de la ciudad.
En una muestra del poder de las ciudades, un estudio de 2016 preveía que los planes climáticos de ciudades y regiones podrían aportar un recorte extra de 500 millones de toneladas anuales de emisiones para 2030 - equivalentes a las emisiones de Francia - adicionales a las promesas de los gobiernos.
"Los beneficios están muy localizados en las ciudades - menos contaminación aérea, mejor transporte público", dijo Niklas Hoehne, uno de los autores del organismo de investigación NewClimate Institute, en Alemania.
Contaminación diesel. Pero esto no casa siempre bien con los gobiernos nacionales. Muchas de las ideas de Oslo son aborrecidas por los votantes del derechista Partido del Progreso, que gobierna en Noruega en coalición con los Conservadores.
La vicealcaldesa Lan Marie Nguyen Berg dijo que el gobierno retrasaba los planes de Oslo para los nuevos peajes, que alcanzan las 58 coronas ($7 dólares o 6,3 euros) para los coches diésel en hora punta.
El ministro de Transporte Ketil Solvik-Olsen, del Partido del Progreso, dijo que el ministerio estaba cooperando.
Una carta del ministerio obtenida por Reuters indicaba que la administración noruega de carreteras públicas designase un sistema informático nacional para las carreteras de peaje medioambiental en lugar de sólo uno para Oslo - la única ciudad que quiere el sistema.
La carta dijo que los trabajos extras retrasarían el proyecto en tres meses hasta octubre de este año.
"Eso conviene al Partido del Progreso", dijo un responsable del Gobierno, porque las elecciones nacionales están previstas en septiembre y el partido no se verá asociado con impopulares peajes. La ciudad también ha sido lenta a la hora de enviar sus planes en detalle.
Buses v/s trenes. En otras ciudades del mundo también existen trabas a medida que impulsan sus propios objetivos de emisiones, que a menudo superan las de los propios gobiernos nacionales.
En Australia, Sídney está en plena disputa con el Gobierno de Canberra porque la ciudad quiere generar más electricidad sin pagar elevados cargos por usar la red nacional, dijo el alcalde Clover Moore.
Sídney es un generador de electricidad con sus iniciativas solares, pero tiene que pagar "las mismas cargas que una instalación remota de carbón o gas que exporta su energía a cientos de kilómetros", dijo.
La comisión del mercado eléctrico australiano dijo en diciembre que el plan de la ciudad sería demasiado costoso, calculando unos costes extraordinarios de 233 millones de dólares australianos para los consumidores en 2050.
Moore rechazó estas conclusiones, diciendo que supondría un sistema más justo en general.
El alcalde de Copenhague, Frank Jensen, dijo que sus homólogos "de ciudades de todo el mundo piden más legislación... para hacer más verdes nuestras ciudades".
Jensen se quejó de que los cargos abonados al gobierno por la electricidad de la red nacional empleada por los autobuses verdes en Dinamarca -con frecuencia gestionados por los ayuntamientos- eran demasiado elevados en comparación con lo de los trenes controlados por el Gobierno central a escala nacional.
Pero quizás en ningún sitio la diferencia entre gobierno nacional y local sea tan áspera como en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump rechaza el consenso científico de que el cambio climático está provocado por el hombre y dijo durante su campaña que "cancelaría" el Acuerdo de París y favorecería la producción interna de combustibles fósiles. Pero los planes de Trump siguen siendo poco claros - desde entonces el presidente ha dicho que tiene "la mente abierta" respecto a París.
Si Trump relaja la normativa sobre el aire, centrales de energía o vehículos "las ciudades tendrán más responsabilidad para implementar programas que tapen agujeros", dijo Amy Petri, de la oficina de sostenibilidad de la ciudad texana de Austin.
Eso haría difícil que Austin alcance sus objetivos de emisiones en 2020, añadió. Los alcaldes de 12 grandes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Austin, Los Ángeles, Chicago o Boston, reafirmaron esta semana su compromiso con el Acuerdo de París.
