El gobierno de Mariano Rajoy teme que activistas de otros países se unan a los manifestantes españoles para protestar contra las medidas de austeridad durante la reunión del 3 de mayo.

Madrid. España prohibió temporalmente los viajes sin pasaporte desde la mayoría de países de Europa y enviará 2.000 policías extra a Barcelona para evitar protestas violentas cuando el consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se reúna en la ciudad la próxima semana.

El Gobierno conservador de Mariano Rajoy teme que activistas de otros países se unan a los manifestantes españoles para protestar contra las medidas de austeridad durante la reunión del 3 de mayo, después de incidentes violentos ocurridos durante una huelga general el 29 de marzo.

"Estamos trabajando en un endurecimiento de la respuesta penal por cuanto no es posible que determinadas manifestaciones públicas impidan al resto de manifestantes ejercer con absoluta libertad y tranquilidad su derecho a manifestarse, y a los que no quieran, que no sufran ningún tipo de daño", dijo la vice-presidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una rueda de prensa.

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díez, anunció una suspensión temporal del tratado Schengen que permite la libre circulación de viajeros europeos entre los países miembros sin necesidad de pasaporte, y dijo que aumentará la seguridad en los aeropuertos.

La suspensión entró en vigor este sábado y finaliza el 4 de mayo.

Las medidas para la reunión de alto perfil de un día que celebrarán los gobernadores de los bancos centrales de la zona euro son parte de un amplio refuerzo de la seguridad mientras el agravamiento de la recesión produce protestas cada vez mayores.

La agencia Standard & Poor's rebajó el jueves la calificación crediticia de España en dos escalones, a BBB+ desde A, citando expectativas de que las finanzas del Gobierno se deteriorarán más de lo previsto como resultado de una economía en recesión y un sector bancario en peligro.

José Manuel García Margallo, ministro de Relaciones Exteriores, advirtió el viernes que la economía se enfrentaba a "una crisis de enormes proporciones".

Los conservadores en el poder, como ya habían hecho los socialistas antes, han aprobado una serie de recortes de gastos, aumentos de impuestos y reformas en un esfuerzo por reducir el déficit público y mejorar la competitividad de la economía.

Las severas medidas de austeridad, una economía que no ha crecido más de medio punto porcentual en cuatro años y una tasa de desempleo del 24 por ciento han generado numerosas protestas callejeras, pero hace hace poco éstas no eran violentas.

Pero después de que encapuchados arrojaran piedras y quemaran contenedores de basura en el centro de Barcelona durante manifestaciones por la huelga de marzo, las autoridades españolas decidieron incrementar las medidas de seguridad de cara a la reunión del BCE.

De las 800.000 personas que se estima participaron en las manifestaciones de la huelga general en España, 176 fueron detenidas y 116 resultaron heridas.

Web para identificaciones. Una página web con capturas fotográficas de circuitos cerrados de televisión de los manifestantes, lanzada por la policía catalana para identificar a la gente que fue vista creando problemas creó controversia con la Fiscalía, que dice que no fue notificada.

Algunos cuestionaron la legalidad del sitio, que pide a los ciudadanos que identifiquen a agitadores.

"Tenemos una duda sobre la legalidad (de esta página) que se funda en el origen de la fotos, que no conocemos (...) no sabemos si pueden incluir menores, y se refieren en principio a ciudadanos que no están ni acusados, ni imputados, ni juzgados, ni condenados", dijo Luis Antonio Sales, secretario general del colegio de abogados de Barcelona (ICAB).

El Ministerio del Interior dijo también que el movimiento de protesta de los "indignados", que cobró impulso en mayo del año pasado alentando protestas similares en todo el mundo, no podrá acampar este año en la emblemática Puerta del Sol madrileña.

La reunión del BCE, que habitualmente se celebra en Fráncfort, reúne a los seis miembros de su junta ejecutiva además de a los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 17 países de la zona euro, y se espera que sea el centro de la ira de los manifestantes.

El consejo de Gobierno tenía pensado escapar del frío y la lluvia del norte de Europa y hacer un poco de turismo por la ciudad mediterránea, pero el miedo a una protesta violenta los ha llevado a cancelar la ruta en autobús, según un informe.

El tratado Schengen cubre toda la Unión Europea a excepción de Irlanda y Reino Unido, además de Islandia, Lietchenstein, Noruega y Suiza.