El accidente se registró en la estación Once del ferrocarril Sarmiento y provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos.

El Estado Nacional fue aceptado como "parte querellante" en la causa en la que se investiga el siniestro registrado en la estación Once del ferrocarril Sarmiento, que provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos.

Fuentes allegadas a la pesquisa indicaron que este mediodía el juez federal Claudio Bonadio aceptó que el Estado Nacional actúe como querellante, lo que le permitirá acceder al expediente y sugerir medidas de prueba.

El pedido para ser tenido como querellante lo realizó días atrás el abogado Rafael Llorens, subsecretario legal y técnico del Ministerio de Planificación Federal que conduce el ministro Julio de Vido.

La intención del Estado de actuar como querellante la había anunciado, al día siguiente del siniestro, el ministro De Vido, quien sostuvo que "nos presentaremos en defensa del interés público y para acompañar a los damnificados".

Las fuentes indicaron que Bonadio resolvió hacer lugar al pedido porque el servicio que presta la empresa TBA es un transporte público que “debe ser garantizado por el Estado Nacional”.

En ese sentido, los informantes añadieron que otorgarle el rol de querellante al Estado “no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas”.

En el marco de esta causa el miércoles último comenzaron las pericias –que continúan este viernes y en las que intervienen tres expertos oficiales (dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires y uno del cuerpo de profesionales de la Corte Suprema) junto a los "peritos de parte".

En los análisis participan, junto a los profesionales designados por Bonadio los profesionales sugeridos por la empresa TBA, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la defensa de Marcos Antonio Córdoba, quien conducía la formación que chocó.

El magistrado, en tanto, rechazó los "peritos de parte" propuestos por el abogado Gregorio Dalbón, en su carácter de querellante, por "falta de idoneidad en la especialidad" ya que uno es un licenciado en criminalística y el otro se autodefine como "experto en ferrocarriles", sin brindar mayores precisiones.