La semana pasada alrededor de 290 integrantes del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (Erpac), una banda criminal vinculada con el narcotráfico se sometieron a la justicia.

Bogotá. La Fiscalía General de Colombia informó el lunes que dejó en libertad a 267 integrantes de una banda criminal que se entregaron a la justicia porque no había procesos criminales en su contra, mientras que apenas 19 fueron encarcelados, lo que desató críticas del gobierno.

La semana pasada alrededor de 290 integrantes del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (Erpac), una banda criminal vinculada con el narcotráfico se sometieron a la justicia, la primera rendición de esos grupos armados ilegales que se convirtieron en el nuevo objetivo de Estados Unidos en el país sudamericano.

El director nacional de fiscalías, Néstor Armando Novoa, reconoció que existe un vacío jurídico para los procesos masivos de rendición a la justicia y que la cantidad de personas que se entregaron superó la capacidad de ese organismo.

"Una de las opciones de respuesta a la entrega masiva de estas personas, es una ley que indique exactamente cómo trabajar cuando se presentan masas de delincuentes, porque es que esto desborda la capacidad humana", dijo Novoa al explicar que la Fiscalía no podía detener a todos porque podría incurrir en un secuestro masivo al no existir procesos.

El funcionario explicó que en este caso no existió una situación de flagrancia ni fue una entrega negociada sino una rendición, pero que no había orden de captura en contra de las personas.

Por su parte, la directora nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Carmen Maritza González, dijo que solo 19 de los integrantes del Erpac fueron encarcelados porque había procesos criminales en su contra, mientras que se trabaja para abrir procesos criminales contra los demás.

El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que es responsabilidad de la Fiscalía librar las órdenes de captura contra los integrantes de la organización armada ilegal que se sometió a la justicia.

Las bandas criminales se convirtieron en la principal amenaza para los derechos humanos en el país sudamericano, mientras que Estados Unidos intensificó sus esfuerzos por reprimir esas organizaciones que envían cocaína a los cárteles en México.

Las denominadas bandas criminales ocuparon los espacios que dejaron los escuadrones paramilitares de ultraderecha y los desmantelados cárteles de Medellín, Cali y el Norte del Valle.

Colombia es considerado como el primer productor mundial de cocaína con alrededor de 350 toneladas métricas anuales, actividad de la cual la guerrilla obtiene millonarios ingresos, mientras mantiene enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en un conflicto de casi cinco décadas.