“Esta es una investigación bastante compleja, ya que hay varias hipótesis”, dijo el titular de esa dependencia Germán Enamorado.

Tegucigalpa, Honduras. La fiscalía de los Derechos Humanos trasladó este miércoles un equipo de fiscales que comenzará las diligencias investigativas para esclarecer el incendio en el que fallecieron 272 reos -según datos preliminares- y consumió el 50 por ciento de la granja penal.

“Esta es una investigación bastante compleja ya que hay varias hipótesis”, dijo el titular de esa dependencia Germán Enamorado. Entre ellas, que el fuego inició con un cortocircuito, y que un reo le prendió fuego a un colchón.

El fiscal aseguró que entre las diligencias investigativas también se tratará de confirmar o descartar la versión de que en medio del incendio los policías penitenciarios hicieron disparos  cuando los reos imploraban por salir de las bartolinas.

“Tenemos que confirmar si hubo disparos y si iban dirigidos a los reclusos o solo era para prevención”, declaró Enamorado.

En las primeras acciones, los fiscales tomarán las declaraciones de los reos que sobrevivieron al incendio, de los familiares de los reclusos y de las autoridades del centro penal. Un grupo de fiscales se trasladará también al hospital Escuela de Tegucigalpa  para entrevistar a los reclusos.

Los fiscales que se encuentran en Comayagua participarán en los levantamientos forenses y luego inspeccionarán las celdas donde fallecieron los más de 270 reclusos.

Enamorado dijo que se buscará acreditar si las muertes se produjeron por un caso fortuito o por omisión por parte de las autoridades penitenciarias.

En caso de que se compruebe la hipótesis de que hubo omisión de parte de las autoridades se deberá deducir responsabilidad penal a los encargados de la granja penal.

Según el fiscal, durante el incendio las autoridades debieron “sustraer a los internos y llevarlos a un lugar seguro pero se dice que la persona encargada de las llaves de la celdas no apareció en ese momento”.

Si los fiscales acreditan que las muertes se pudieron evitar, las autoridades penitenciarias podrían ser acusados por los delitos de abuso de autoridad o violación a los deberes de los funcionarios.

De sospechar que las autoridad actuaron con dolo, los supuestos responsables sería puestos en resguardo mientras se realiza la investigación, sin violentar sus derechos humanos, aclaró el funcionario judicial.

Hasta el momento las autoridades policiales han dicho que los muertos ascienden a 272.