El tsunami que azotó la costa del Pacífico de Japón el 11 de marzo del 2011 tras un fuerte sismo devastó la central nuclear de Fukushima, situada a 240 kilómetros al noreste de Tokio.
Tokio. Un año después de la crisis nuclear de Fukushima, el gobierno de Japón sigue siendo demasiado lento a la hora de ofrecer controles de salud e información a los ciudadanos, lo que los deja confundidos y suspicaces de las autoridades, dijo el martes Human Rights Watch.
El tsunami que azotó la costa del Pacífico de Japón el 11 de marzo del 2011 tras un fuerte sismo devastó la central nuclear de Fukushima, situada a 240 kilómetros al noreste de Tokio, lo que provocó fugas de radiación que contaminaron tierra, aire y agua y obligaron a huir a decenas de miles de personas.
"Un año después, no estamos viendo realmente servicios básicos de salud ofrecidos de una manera accesible y no estamos viendo que la gente reciba información precisa, coherente y no contradictoria de forma regular", dijo a Reuters Jane Cohen, investigadora del grupo de derechos humanos con sede en Nueva York.
"La gente tiene que contar al menos con información precisa para poder evaluar su situación basándose en hechos reales", añadió.
Desde la crisis nuclear, muchos de los habitantes de la prefectura de Fukushima han estado viviendo con miedo a los efectos de la radiación en su salud.
"Debería haber un plan y lugares claros para medir la radiación de todo el mundo en Fukushima", dijo Cohen, que estudió las condiciones de los habitantes. Sugirió que el Gobierno local podría tener que pedir prestado equipo médico o llevar a más facultativos.
El Gobierno de la prefectura está proporcionando controles médicos para niños y mujeres embarazadas, que tienden a ser más vulnerables a la radiación, pero el proceso está llevando tiempo.
Los 360.000 menores de 18 años en el momento del desastre serán sometidos a análisis de tiroides para el resto de sus vidas. Hasta el momento se ha examinado a 40.000, dijo un responsable del Gobierno de Fukushima.
Mala comunicación. Alrededor de 380.000 niños y mujeres embarazadas tienen derecho a que se les midan los niveles de exposición a la radiación internos y 15.400 ya lo habían hecho en enero, según el sitio web del gobierno.
Las preocupaciones de los habitantes de Fukushima se ven agravadas por la falta de información fiable sobre su situación, dijo Cohen, un problema que surgió en una etapa temprana de la crisis nuclear.
La oficina del primer ministro amplió gradualmente la zona de evacuación a 20 kilómetros en los dos primeros días después de la crisis.
Sin embargo, no hizo públicas inmediatamente las previsiones por computador -llamadas SPEEDI- que mostraban la dirección en la que se diseminarían los materiales radiactivos debido a una mala comunicación interna. El resultado fue que miles de personas huyeron en dirección a donde se dirigían los materiales radiactivos.
El ex ministro de Comercio Banri Kaieda, que supervisaba la política energética en ese momento, ha dicho que sintió una "sensación de vergüenza" por la falta de divulgación.
Cohen dijo que la desconfianza hacia las autoridades había crecido e instó al Gobierno a explicar el razonamiento detrás de sus decisiones.
"La gente no siente que tiene una idea real de cuál es su situación de seguridad", dijo.
"Al no hacer pública información fiable, precisa de una manera transparente, que es un componente muy importante para el derecho a la salud, realmente estamos viendo que el Gobierno no cumple con su deber de proteger el derecho a la salud de su pueblo", añadió.
