Miguel Dalmao fue imputado junto al coronel retirado José Chialanza como coautores de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974, aunque no se probó su autoría material.

Montevideo. La Justicia uruguaya decidió este lunes el encarcelamiento del general Miguel Dalmao por un crimen ocurrido durante la última dictadura, en el primer caso de un militar activo en ser enjuiciado por un delito ocurrido durante el gobierno de facto de la década de 1970.

Dalmao fue imputado junto al coronel retirado José Chialanza como coautores de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974, aunque no se probó su autoría material.

"Los elementos probatorios incorporados hacen presumir que (la víctima) sufrió apremios físicos durante el interrogatorio a que fue sometida y que falleció a consecuencia de ellos", según el documento de procesamiento publicado por el Poder Judicial.

Dalmao, actual jefe de una división del Ejército uruguayo, y Chialanza se desempeñaban en la unidad en la que apareció sin vida Sabalsagaray. Las autoridades de la época calificaron su muerte como un suicidio, pero pericias que se sumaron al caso recientemente comprobaron que la detenida fue víctima de tortura.

"Es una satisfacción en particular para la familia (...) solo el hecho de que haya una resolución judicial que diga que Nibia Sabalsagaray fue asesinada y no la versión oficial que durante años se sostuvo el suicidio", comentó Juan Errandonea, abogado de la familia de la víctima.

El caso de Sabalsagaray fue a fines de 2009 el primero para el que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró inconstitucional una ley que limita las investigaciones sobre crímenes ocurridos durante la pasada dictadura militar.

La izquierda oficialista está discutiendo actualmente en el Parlamento un proyecto de ley para anular los efectos de polémica norma, de 1986, que obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo antes de investigar hechos de la dictadura militar que gobernó al país entre 1973 y 1985.

El proyecto fue aprobado por los diputados días atrás, pero aún es incierto el resultado en senadores ya que algunos parlamentarios del sector gobernante resisten la ley debido a los pronunciamientos populares, de 1989 y 2009, que la mantuvieron.

Según medios locales, los procesados ingresarán a una cárcel especial en donde hasta el momento hay 17 militares detenidos por crímenes de la dictadura, los primeros procesados y enviados a prisión tras el fin de esa etapa en 1985.