Autoridades policiales y judiciales incautaron 37 inmuebles, 440.000 euros transferidos desde España, US$44.000 provenientes de Estados Unidos, equipos de cómputo y documentación contable de interés policial.

Lima. Una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, conformada por peruanos y colombianos, a la que se decomisaron bienes muebles e inmuebles y dinero por unos US$6 millones, fue desarticulada por la Policía Nacional de Perú (PNP).

La banda, denominada "La Gran Manzana", había constituido una empresa de fachada que importaba mercancía (equipos de cómputo y juegos), pero que en realidad era utilizada para el traslado de dinero transfronterizo, informó este domingo la PNP.

La operación policial, ejecutada en simultáneo en diversos distritos de Lima y en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín (norte), del 8 al 19 de abril, estuvo a cargo de la División de Lavado de Activos de la Dirección Nacional contra las Drogas (Dirandro), con la II Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada.

También apoyaron la operación el III Juzgado Penal Nacional, la Procuraduría Pública Antidrogas, la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros (SBS).

Entre los bienes decomisados se cuentan 37 inmuebles, 440.000 euros transferidos desde España, 44.000 dólares provenientes de Estados Unidos, equipos de cómputo y documentación contable de interés policial.

Asimismo, se ha dispuesto la orden de captura de 24 vehículos pertenecientes a esta organización, de los cuales dos han sido ya incautados.

Las autoridades han logrado congelar quince cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, cuya suma aproximada asciende a más de US$22.000.

Los implicados en esta organización delincuencial ya han sido identificados y todos ellos cuentas con requisitorias y están siendo buscados por la Policía.

Las investigaciones han determinado la existencia de desbalance patrimonial en estas personas, que no han podido demostrar la procedencia lícita de sus bienes ni tienen actividad económica lícita conocida, además de vínculos con el tráfico ilícito de drogas y utilización de testaferros.